ENTRE
LA REPRESIÓN Y LA
CONFORMIDAD:
EL MAGISTERIO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
(1936-1939)
Eduardo Martín
González
Adoración
Martín Barrio
Juan Andrés
Blanco Rodríguez
Artículo publicado en el libro, dirigido por Enrique Berzal de la Rosa, Muerte y represión en el magisterio de Castilla y León (Valderas, Fundación 27 de marzo, 2010)
El
estudio del proceso depurador en la provincia de Zamora[1]
muestra como en una sociedad predominantemente rural los maestros tuvieron que
luchar para librarse de las consecuencias represivas de los mitos creados en
torno a su profesión, que los caracterizaban como un colectivo republicano,
laico, progresista y motor del cambio social. El magisterio zamorano era un
sector profesional diverso y complejo, generacional e ideológicamente
conservador, mayoritariamente de mediana edad, dependiente de las
circunstancias del momento y sometido a la vigilancia, al control y a las
veleidades de las élites rurales. El marco local marcó sus vidas tanto como la
realidad política general, puesto que los conflictos desarrollados en este
ámbito determinaron en muchos casos su trayectoria profesional y personal.
1. El
magisterio zamorano durante la República: “los
hacendados son los dueños de la escuela”
En
el seno del colectivo existían profundas divergencias e intereses antagónicos
entre diversos sectores, determinadas por la forma de acceso a la profesión
–normalistas de los Planes de 1914 y 1931-, por las diferencias salariales
dentro de un escalafón muy amplio, y por la existencia de grupos en desacuerdo
ideológico o perjudicados profesionalmente por las reformas republicanas, como
los opositores aprobados en el Plan del Magisterio de 1928[2]. A esta
complejidad se une un perfil generacional que revela una formación profesional
e ideológica anterior, en la mayor parte de ellos, al advenimiento de la República. Su edad
media, de 42,2 años en 1936, era superior a la de la mayoría de las provincias
que han sido estudiadas[3].
1.1. El magisterio en el ámbito
local.
El corpus de
información integrado por denuncias, informes y descargos, nos proporciona una
visión de las condiciones locales, que en una sociedad mayoritariamente rural explican
la realidad del magisterio con más fidelidad que las variables plasmadas en
cifras estadísticas. Es evidente que se trata de una imagen sesgada, pues la
coalición de poder que a escala general y local construyó el régimen franquista
empleaba unas imágenes del pasado, reciente y remoto, que en muchos sentidos
respondían más a una construcción ideológica que a la realidad. No
obstante, esas imágenes nos interesan en la medida en que en el contexto de un
régimen autoritario sustentaron una intervención sobre esa realidad que
interpretaban, determinaron el desarrollo del proceso depurador y configuraron
el colectivo docente que surgió de la guerra civil.
Los
expedientes de depuración revelan que los informantes partían de un arquetipo
de maestro con un papel muy determinado dentro de una sociedad rural que se
interpretaba a sí misma como comunidad homogénea y refractaria a la influencia
perturbadora de elementos extraños. El maestro ideal –que superaría el proceso
depurador con todas las consideraciones
favorables- era consciente de su lugar en la jerarquía local: subordinado a
las autoridades civiles (alcalde, concejales, secretario, juez y fiscal
municipal) y eclesiásticas (párroco), a los cargos locales de titulación
superior (médico, veterinario) y a las buenas familias de propietarios
influyentes, que a través del Consejo local de primera enseñanza supervisaban
su trabajo y que a cambio de servicios como las clases particulares le
proporcionaban ingresos suplementarios a sus escasas retribuciones. En sus
vínculos locales adoptaría una actitud de humildad y deferencia ritualizadas
hacia sus superiores locales, incluyendo “las visitas reglamentarias”,
como se informaba elogiosamente de la maestra de Fresno de la Ribera, al
contrario del maestro de Villárdiga, de quien el párroco criticaba su actitud “incorrecta
y desagradecida” porque “a su
llegada al pueblo recibió como es natural visitas para corresponder a las
cuales no tuvo tiempo durante toda su permanencia en él”. Su ámbito de
relaciones locales sería estrictamente vigilado, debiendo evitar la amistad con
personas de las clases subalternas, que en el mejor de los casos se
consideraría como un menoscabo para la dignidad del puesto -“Alterna con las
mujeres como si fuera una de tantas. Deficiente por exceso”, se informaba de
la maestra de Santa María de la Vega[4]-
y en el peor lo haría sospechoso de usar su influencia sobre estos sectores
para inculcarles ideologías disolventes o revolucionarias.
Su posición
social nunca estaría totalmente exenta de riesgos, en un entorno propenso a las
banderías locales entre redes clientelares que se disputaban el poder
funcionando de manera transversal entre grupos sociales y corrientes políticas,
de manera que cuando el Alzamiento propició la relectura de estas adscripciones
contrapuestas en términos de adhesión o enemistad hacia el nuevo régimen, se
derivaron consecuencias gravísimas. Así, la iniciativa de los maestros Brígida
Ledesma y José Casado Moralejo para que se cubriera la vacante de médico de su
pueblo, pudo llevar al practicante y secretario municipal a urdir una trama de
acusaciones políticas que los llevaron a la cárcel y a la separación del
servicio, y podían darse situaciones paradójicas como la de un cacique afín a
Unión Republicana que, reconvertido en adicto al Alzamiento, logró la sanción
de traslado para un maestro de derechas (Unión Patriótica) acusándolo de
“convivir con los socialistas” y de enemistad con el párroco. Por otra parte, pese
a su escaso prestigio, el puesto de maestro rural podía ser ambicionado por
naturales del pueblo, que emplearían los resortes que les ofrecía el
procedimiento depurador para forzar el traslado del titular y su sustitución,
como denunciaron, sin éxito, los maestros de Cañizal y de Villárdiga.
Si bien era
frecuente la endogamia en este sector profesional[5],
la mayoría adquirían vínculos familiares en sus localidades de destino, lo que
en el caso de las maestras daba lugar a frecuentes acusaciones de desatender la
enseñanza por el cuidado de su casa y su familia. Otros aspectos de la vida
privada de los docentes serían también rigurosamente vigilados, y así algunas
maestras tuvieron que afrontar, en el proceso depurador, acusaciones como la de
haber tenido relaciones con hombres sin estar casadas –las de Donado y
Sagallos-, de observar una “conducta particular muy censurable” -la de Fermoselle- o de
haber dado lugar a “comentarios poco edificantes” -la de Vega de Villalobos-, o
insinuaciones como la del párroco de Zafara, que consideraba a la maestra “Muy
buena para la juventud y demás personas de vida alegre”. Sin embargo, para
los maestros varones, acusaciones como las de “pecador público” tuvieron menos
peso en los pliegos de cargos.
Es inevitable
que en este marco de relaciones surgieran conflictos, que tradicionalmente se
habrían solventado por los cauces reglados en el procedimiento disciplinario,
que contemplaba el traslado por incompatibilidad con el vecindario[6].
Este modelo se vio amenazado por la II República , por partida doble: al redefinir el
papel social del maestro en términos difícilmente compatibles con su posición
vicaria dentro de la jerarquía local, y al atribuirle un lugar de vanguardia
como agente del cambio social. Todo ello generaría la imagen del compromiso
republicano de la mayoría de maestros, apoyada en la idea antinómica –y por
ello fácilmente asimilable- de un nuevo orden que en el medio rural se
sustentaría en los maestros nacionales, situados como avanzadilla de la
modernización y de la secularización, desplazando progresivamente a la
parroquia y a los caciques del liderazgo local. Esta imagen de maestros
beligerantes en una lucha simbólica sería alimentada también por la derecha
católica, como amenaza a la armonía tradicional de la comunidad campesina, en
una construcción ideológica que la Falange asumiría de manera casi automática
para justificar la represión violenta.
El
papel reivindicado por la República para los maestros implicaba una mejora
salarial y de sus condiciones de vida y trabajo que podría reducir la
precariedad económica en que se encontraban, y sus vínculos de dependencia
dentro del conjunto de la sociedad local. Todo ello, añadido a una política
secularizadora que conllevaba la pérdida de recursos económicos de la Iglesia y
de ingresos de sus representantes, representaba no sólo un agravio simbólico
sino también material[7].
Por otra parte, muchas autoridades locales
consideraban inasumibles los compromisos que el gobierno les imponía en materia
educativa. Los gastos de creación de nuevas escuelas o de mejora de las ya
existentes obligaron ya en 1931
a algunos ayuntamientos a vender bienes municipales (San
Vitero, Moralina de Sayago, Brime de Sog), o a imponer repartimientos vecinales
(Formariz). Aun así, las instalaciones escolares siguieron siendo a menudo
precarias, de manera que todavía en 1936, liquidada ya la experiencia
republicana, serían varios los maestros que en sus pliegos de descargo se
quejaran de las malas condiciones de higiene, mobiliario y material, espacio e
iluminación de sus escuelas (Cobreros, San Juanico, Cañizal, Andavías, Benegiles),
atreviéndose alguno de ellos (Cobreros) a culpar de esta circunstancia a que “los
hacendados son los dueños de la escuela y desatienden los escritos de la
Inspección y del gobernador civil”.
La cuestión de la vivienda, cuyo suministro o pago a los maestros era
obligación de los Ayuntamientos, generó problemas todavía mayores. Este
contencioso había sido constante durante la Dictadura, dando ocasión a litigios
como el mantenido por Nicolás Quiroga, que durante ocho años tuvo que pagarse
el alquiler, sin que el ayuntamiento de Muelas de los Caballeros respondiera a
sus obligaciones hasta que la Dirección General de Primera Enseñanza obligó al
municipio a reintegrar las cantidades abonadas por el maestro, o el de Cesáreo
Martín, cuyas quejas por el estado ruinoso de la casa en la que vivían él y su
familia motivaron un prolongado enfrentamiento con el alcalde de Villárdiga que
finalmente se solventaría en perjuicio del maestro por las graves acusaciones
que efectuó el regidor ante la comisión depuradora provincial, presentando sus
quejas como amenazas y sus demandas como “meros caprichos”.[8].
Incluso las
gestiones de los docentes para obtener material didáctico, ya fuese de las
autoridades educativas, de los consejos escolares o de las Misiones Pedagógicas
–estas últimas impulsaron entre 1932 y 1934 la constitución de 58 bibliotecas
escolares y populares en la provincia, y colecciones de otros materiales, como
gramófonos y discos- serían esgrimidas a veces como pruebas de cargo para
acusar a algunos de ellos de divulgar ideas perturbadoras de la conciencia de
sus alumnos[9].
En el ámbito
rural, la movilización católica contra las políticas laicistas propició los
enfrentamientos entre los párrocos y los maestros obligados a hacer cumplir las
disposiciones legales de la República para la exclusión de los símbolos
religiosos de la escuela y de los contenidos religiosos del horario lectivo,
alimentando el repertorio de agravios y la victimización de los sectores
católicos. Así, se multiplicaron con sospechosa reiteración de detalles los
incidentes en los que el maestro (o peor aun, la maestra) adoptaban actitudes
identificables como antirreligiosas, blasfemas, sacrílegas o iconoclastas, y
proliferaron los relatos truculentos, que a menudo aparecerían como pruebas de
cargo en los expedientes de depuración, en los que el crucifijo, el catecismo o
el manual de historia sagrada no sólo eran retirados por imperativo legal, sino
también arrojados a un corral, quemados, destrozados o hechos desaparecer[10].
Algunos docentes
manifestarían en sus escritos de descargo haberse encontrado en la disyuntiva
entre la obligatoriedad de aplicar las medidas secularizadoras[11] y las
presiones de sectores católicos -así, el maestro de Villárdiga, ante la
acusación de haber obstaculizado la procesión del Corpus, alegó que sólo había
impedido engalanar la escuela con colgaduras religiosas para evitar ser
sancionado por las autoridades del momento-, pero tras el Alzamiento fueron
gravemente castigados, al interpretarse que, incluso en un contexto de
laicidad, estaban obligados a observar un comportamiento religioso a título
particular “para ejemplo de virtud, moralidad y religiosidad”[12].
La casuística
de los expedientes de depuración revela que el comportamiento religioso tuvo
tanto peso como el político a la hora de configurar los cargos y de justificar
las sanciones. Como ha señalado Lucio Martínez, las acusaciones religiosas
suplían a las políticas en los casos de maestros a los que se quería sancionar
por sospechas no fundamentadas acerca de su ideología política[13].
Entre la inasistencia a misa dominical y la divulgación del ateísmo en la
escuela existe una amplia gradación de comportamientos que fundamentó la
mayoría de sanciones propuestas por la Comisión provincial. En este aspecto, y en
ausencia de cargos políticos demostrables, el abandono de la práctica del culto
sería sancionado como falta leve, con un traslado dentro de la provincia y una
suspensión de empleo y sueldo de hasta 6 meses, las manifestaciones públicas de
irreligiosidad fuera de la escuela se sancionarían como faltas graves, con
suspensiones de hasta 2 años y traslado, y la manifestación de irreligiosidad
ante los alumnos, la práctica de rituales civiles (matrimonios, divorcios,
entierros) en el ámbito privado o el trato discriminatorio a los alumnos de
familia católica se sancionaría con la separación del servicio[14].
1.2.
Comportamiento político.
Los
expedientes de depuración muestran un colectivo mayoritariamente conservador, y
a menudo reaccionario[15]
pero, sobre todo, desmovilizado y acomodaticio. Entre los maestros predominaba
la indiferencia política, que algunos informantes valoraban positivamente y
otros reprochaban como tibieza. La mayoría afirmaron en sus descargos haber
votado a las derechas, pero también es frecuente que declarasen no haber votado
o haberlo hecho en blanco, e incluso haber votado siempre a favor del partido
que estuviera en el poder[16].
Aunque después del 18 de julio se produjeron muchas afiliaciones a Falange o al
Requeté, incluso de maestros de
tendencias republicanas o izquierdistas, ya durante los años anteriores
abundaban los militantes de partidos de derechas, especialmente de Acción
Popular –entre otros, Vicente Blanco González (San Martín de Valderaduey),
Bienvenido Prieto (Quiruelas de Vidriales), Eduardo Crespo Fidalgo (Galende),
Fernando Paíno (San Román de Sanabria)- e incluso camisas viejas: de
Falange como Antonio Benéitez (San Pedro de Ceque) o Fabián Plaza (Otero de
Bodas)(ver foto).
Más
allá del sentido del voto o de la participación política formal, era frecuente
entre los docentes buscar la cercanía del poder por otras vías, y muchos de
ellos escribían a dirigentes políticos, ya fuera en solicitud de favores
personales o de recursos para sus escuelas. En el proceso depurador, varios
fueron acusados de haber escrito a dirigentes de izquierdas como Ángel Galarza
o a Marcelino Domingo, pero eran más numerosos los amigos políticos del
dirigente agrario José María Cid y algún maestro alegó en su defensa haber
escrito a políticos de distintas tendencias.
El tráfico de influencias estaba tan normalizado que el inspector José Salgado,
en un intento de regenerar las prácticas de selección de personal docente,
reveló públicamente en 1933 qué aspirantes habían aportado recomendaciones ante
el tribunal del que él mismo formaba parte[17].
La mayoría de los maestros zamora nos afiliados a asociaciones profesionales lo
estaban a las menos politizadas: la Asociación Provincial
del Magisterio Nacional y la Asociación Provincial Profesional del Magisterio
Primario, Plan 1931. La primera, vinculada a la mayoritaria Asociación Nacional del Magisterio Primario, encuadraba en 1932 a 319 maestros, un tercio del total
provincial[18].
Declaradamente
apolítica, publicaba la revista El Magisterio Zamorano, y en sus filas convivían
maestros conservadores (Eduardo Crespo, Fernando Paíno), republicanos (Bernardo
Pérez Manteca), socialistas (José Alonso Zapata, Julián Cesteros) y hasta
comunistas (Valentín Ferrero). Presidida
por Ramón Zapatero, tuvo como secretarios a Bernardo Pérez Manteca, Federico
Micó García y José Domínguez Guerra. Por su parte, la segunda, creada en 1933 y
presidida, sucesivamente, por Juan Diego Morán Píriz, José Prieto Cereceda y
Luis Díez Gutiérrez, sostenía unos principios igualmente apolíticos y
aconfesionales, “no pudiendo intervenir en asuntos que no sean de carácter
puramente profesional”, aunque por su adscripción al Plan 1931, su
composición generacional era distinta a la de la APMN, con una destacada
presencia de antiguos normalistas de la FUE (Luis Díez Gutiérrez, Manuel Sogo o
Domingo Carrascal de Pedro)[19].
Por el contrario, las simpatías
republicanas o izquierdistas se limitaban en Zamora a unos pocos casos
aislados. Aunque algunos maestros de la provincia se identificaron como
socialistas desde comienzos de siglo[22],
y a pesar de algunos intentos tempranos de constituir una sección
provincial de la
Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza que como
sindicato de clase respondiera a las reivindicaciones de todo el espectro
profesional educativo[23],
el asociacionismo de esta
tendencia funcionó de manera discontinua e irregular, y siguiendo
la visión federalista dominante a escala nacional se difuminó en iniciativas
locales y comarcales como las experiencias pedagógicas desarrolladas en las
comarcas de Sanabria –con el apoyo del maestro José Alonso Zapata y del
inspector de zona José Salgado- y de Fuentesaúco[24].
Tras las elecciones de 1933, la contrarreforma educativa de la derecha generó
la radicalización de los maestros ugetistas y la formación del Frente Único,
que propugnaba una mayor politización del sindicato y optó por los modelos
educativos soviéticos. En Zamora, el Frente estaba representado por Valentín
Ferrero García, director técnico de asilados varones del Hospicio Provincial, y
por el inspector José Salgado “El maestro
debe de luchar con la inteligencia y con las armas para arrebatar el poder a la
clase capitalista y debe de mostrar a los niños las contradicciones de su
época”[25]..
 |
| Sello de la A.P.E.Z. |
En 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, con la perspectiva
de profundizar en la política educativa del primer bienio, se constituyó en la
provincia la FETE, que tendría una corta vida[29]. Cuando en los primeros días del golpe militar la policía registró la
Casa del Pueblo de Zamora, con la documentación requisada se elaboró un listado
de presuntos afiliados de la FETE, que la Comisaría de Vigilancia
proporcionaría a la Comisión para su uso como prueba de cargo en los
expedientes de depuración, y en el que además de los citados José Alonso Zapata
(Puebla de Sanabria), Engracia del Río (Fermoselle), Luis Díez (Zamora), Bernardo
Pérez Manteca (Fuentesaúco) y Valentín Ferrero, aparecerían Francisco Sogo
(Fermoselle), Josué Fuentes (Peleas de Arriba), Andrés Fernández (Pobladura de
Aliste), Antonio Fernández Borrego (La Tuda)(ver foto), Ramiro Fernández
Llamero (Villafáfila), Jerónimo García Vara (Carbajales de la Encomienda),
Manuel Martín Fernández (San Vicente de la Cabeza), Antonio García Rueda (Vega
de Villalobos) y Estanislao Luis Hernández (San Miguel de Lomba), así como
otros que negarían su afiliación, aduciendo haber asistido a reuniones
únicamente para tratar cuestiones profesionales, negando el pago de cuotas y la
firma de carnets[30].
Al no poder comprobar la militancia efectiva de algunos maestros, la Comisión
llegaría a la conclusión –en un informe sobre Ramiro Fernández Llamero- de que
“se cree que la agrupación de
trabajadores de la enseñanza no llegó a tener en esta provincia existencia
legal y por consiguiente los incluidos en las listas que se hallaron deben de
ser considerados únicamente como ‘presuntos
afiliados’”.
Las cifras de
afiliados a organizaciones de izquierdas se exageraron en los informes de
depuración por la mala fe de los denunciantes o por la confusión entre simpatía
personal, talante y militancia real.
Teniendo en cuenta el estado incipiente de la FETE, y que los maestros rurales
no se afiliaban a las sociedades obreras ni a las agrupaciones socialistas de
sus localidades de destino, las bases probatorias más habituales en las
denuncias por razones políticas fueron el sentido del voto y las lecturas.
Aunque el procedimiento depurador tenía entre sus objetivos declarados el de
sancionar a quienes hubieran hecho propaganda a favor del Frente Popular, en
muchos casos los informes se referían –y los pliegos de cargos lo asumieron
como acusación- al voto del maestro. El sentido común podría dictar
valoraciones como la que hicieron en sus descargos Julián Cesteros –que el
sentido del voto no puede probarse porque su ejercicio es secreto- o Jesús
Pedraz –que como adjunto de la mesa electoral le constaba que en ésta no se
violó el secreto de voto-, pero en general se presumió que el sentido del voto
era conocido y que quienes no hubieran votado al Frente Popular debían
demostrarlo: “si hubiera sido de los míos ya me lo manifestaría, como lo
hicieron algunos la víspera de las elecciones”, señalaba el párroco David
Ferrero para ratificar su convicción sobre el voto izquierdista de la maestra
de Carbajalinos. Pocos maestros se atrevieron, como la de Zafara , a impugnar
así la lógica del proceso: “siempre he creído un deber de patriotismo el
respetar el sufragio y me causa indignación el ver a los incultos caciques el
llevar como borregos a los desgraciados labriegos a emitir su voto a la fuerza”.
En cuanto a
las lecturas, la casi total ausencia de propaganda hizo que se denunciara la
posesión y difusión de obras incluidas en el Índex –como las de Zola- o
de literatura sobre eugenesia o higienismo-, y sobre todo de prensa, por lo que
algunos fueron sancionados por el único cargo de leer (en privado o en la
escuela) La Mañana y La Tarde de Zamora, el Heraldo de Madrid,
La Libertad, El Socialista o Claridad[31].
Menos discutible que la lectura fue la colaboración de algunos maestros en la
prensa republicana y de izquierdas (La Mañana, La Tarde, La
Voz del Trabajo), lo que serviría de evidencia incriminatoria, entre otros,
contra Aurora Blanco, Julián Cesteros, Andrés Fernández González, Valentín
Ferrero, Jerónimo García Vara, Joaquín León Morán, Ángel Martín Rodríguez,
Priscilo del Palacio, Ricardo Reguilón o Daniel Ríos Martín.
La actuación
política de docentes fuera del ámbito del asociacionismo profesional se limitó
a unos pocos casos entre los que destacaron, por parte de los socialistas, la inspectora María Datas ,
la normalista
Aurora Blanco y el maestro Julián Cesteros, que intervinieron
en la campaña para las elecciones generales de 1933. Por parte del PCE, el
inspector José Salgado fue candidato en las mismas elecciones, en las que contó
con el respaldo de Valentín Ferrero y de bastantes normalistas de la APEZ. Izquierda
Republicana captó en 1936 numerosos apoyos en el colectivo
docente, entre los que destacarían Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco),
Nicolás Quiroga (Muelas de los Caballeros), Ezequiel Eleno (Bermillo de
Sayago), Ulpiano Lorenzo (San Marcial), Eduardo Fuentes (Almeida), Emeterio
Cabrera (Alcañices) y Felipe Alonso (Villalpando). No obstante, en la campaña
para las elecciones de febrero, tuvieron que ser tres maestros destinados fuera
de la provincia (Vicente Otero Laso, Julio Nogueras López y Manuel Martín
Morán) los que intervinieran en mítines de apoyo a Antonio Moreno Jover,
representante de Izquierda Republicana en la candidatura zamora na
del Frente Popular[32].
1.3.
Presencia institucional y distribución territorial.
En enero de
1933, los ayuntamientos constituidos dos años antes al amparo del artículo 29
fueron sustituidos por comisiones gestoras durante el período transitorio hasta
las elecciones municipales parciales de abril[33].
Muchos maestros se integraron por imperativo legal en las gestoras, formadas
por un contribuyente, un obrero y un funcionario con destino en el municipio, y
entre ellos se encontraban 46 maestras, que fueron las primeras mujeres en
acceder a cargos políticos en Zamora, asumiendo en algunos casos la presidencia
(Carmen Tomé en Fermoselle, Anunciación González Astudillo en Vadillo de la
Guareña, Francisca Santamaría en Moraleja del Vino, Lucrecia Muélledes en
Moraleja de Sayago...). En algunos casos les correspondió aplicar reformas que
habían sido obstaculizadas por las anteriores corporaciones, lo que generó
enfrentamientos con los sectores conservadores locales, entre los que destacan
los que afectaron a las gestoras de Cubillos del Pan y Villalube, cuyos
presidentes, los maestros Mariano Vicente y Cristilo Prieto, fueron objeto de
virulentas campañas de descrédito alentadas por la prensa de derechas[34].
Al igual que
su implicación en las organizaciones políticas, también se exageró en los
informes la influencia del magisterio sobre el conjunto de la población, en
especial en el medio rural, entre otros motivos por las clases de adultos, que
ponían a los maestros en contacto con jóvenes de clase obrera sobre los que
inevitablemente debían adquirir algún ascendente que los informantes
interpretaron a su conveniencia. A
menudo se culpó a los docentes de haber “envenenado el pueblo”, de haber
deteriorado la convivencia divulgando la noción de lucha de clases, de servir
de “guía y asesor” de la agrupación socialista, de haber fundado la Casa del
Pueblo o de ser “autor por inducción de los
desmanes públicos y querellas políticas ocurridos en el pueblo durante los
últimos tiempos del pasado régimen”. Sin embargo, en la inmensa mayoría de
casos no se aportaba ninguna prueba documental que corroborase estas
actuaciones, de manera que con igual frecuencia se formuló la acusación en
grado de tentativa, o en forma de juicio de intenciones, y se justificó la
falta de pruebas afirmando que el maestro no pudo divulgar sus ideas por la “falta
de ambiente” o por no haber despertado simpatía entre el vecindario[35].
El mejor
ejemplo esto son las elecciones de 1936, a las que se sobreentendía que era
preceptivo referirse en los informes recabados por la Comisión provincial.
Muchos docentes fueron señalados como luchadores infatigables a favor del
Frente Popular, y alguno de ellos (Agustín Caño)(ver foto) como artífice de su
triunfo electoral. Sin embargo, la coalición no logró en la provincia de Zamora
más que un 31,2% de los votos, frente al 60,5% del bloque de derechas, y sólo
obtuvo la mayoría en 40 de sus 307 municipios, en unos resultados que, puestos
en relación con las sanciones aplicadas, revelan la escasa influencia de los
maestros en la campaña de las izquierdas[36].
Tras las
elecciones generales de 1936, el Gobierno del Frente Popular dispuso la reposición
de los ayuntamientos destituidos tras los hechos de octubre de 1934. En
consecuencia, el gobernador civil cesó a las gestoras constituidas por el
gobierno radicalcedista, pero también a muchas corporaciones conservadoras
elegidas democráticamente en 1931 o en 1933, a las que se sustituyó por gestoras
integradas por miembros de las organizaciones del Frente Popular. Esta medida
representó de nuevo el acceso de maestros a varias corporaciones locales,
aunque esta vez no en condición de miembros natos sino por su militancia
política. Entre otras gestoras, tuvieron a maestros como presidentes las de
Fermoselle (Francisco Petisco Murguía, socialista), Muga de Sayago (Félix
Garrote Arroyo, de Izquierda Republicana) y Piñuel (Benigno Lucas Garrote), como
vocales las de Fuentesaúco (Bernardo Pérez Manteca) y Villalpando (Felipe
Alonso Rodríguez ambos de Izquierda Republicana), Manganeses de la Lampreana
(Julián Cesteros, socialista)[37],
Pobladura de Aliste (Andrés Fernández González), Aspariegos (Nemesio Rodríguez
Gavilán) y Valdespino (Daniel Ríos Martín), y habrían ocupado otros cargos
maestros como José Ferrero Chillón (Sanzoles, como depositario), si bien otros
que no ocuparon cargos (Matías Alfonso, Doroteo Martín) serían acusados de
haber sido “consejeros”, “asesores” o “inspiradores” de las gestoras de Muga de
Alba y Requejo.
2.
Los maestros dentro de la represión general: “hay que barrer al magisterio”.
En la
provincia de Zamora fueron víctimas de la represión física un mínimo de 33
maestros, lo que vendría a representar algo más del 2% de las víctimas mortales
identificadas aquí hasta el momento[38].
Sin embargo, la importancia de la represión contra ellos no viene determinada
por su dimensión cuantitativa sino por su carácter simbólico, que ha generado
una mitología presente en el discurso historiográfico, en la publicística, en
el imaginario colectivo y en la tradición oral, dando lugar a relatos a veces
difíciles de verificar pero muy significativos por lo que representan como
metáfora de la destrucción de la República[39].
El
ya mencionado discurso que atribuye a los maestros rurales una función de
alternativa al liderazgo de párrocos y caciques tiene una importante derivación
al otorgar a las detenciones y asesinatos de maestros un carácter simbólico, e
incluso ritual según algunos autores[40],
que se concretaría, en caso de ser cierto, en la distribución espacial y temporal de los asesinatos. Por lo
que sabemos, la práctica totalidad de los maestros represaliados en la
provincia de Zamora fueron eliminados por su militancia política o sindical o
por haber ocupado cargos públicos, y al igual que los dirigentes políticos y
sindicales y la mayoría de víctimas de extracción mesocrática, en las primeras
semanas siguientes al Alzamiento, sin que hubiera que esperar –como en el caso
de los jornaleros rurales que constituyen aquí la mayoría de las víctimas- a
que concluyeran las faenas de la temporada de verano: de los casos que
conocemos, uno murió en julio de 1936, 12 en agosto, 8 en septiembre, 4 en
octubre y 7 en noviembre[41].
El maestro sería en algunas localidades la única víctima mortal de la represión
–tal vez sea así en Pobladura de Aliste, Muga de Sayago, Piñuel, Ufones,
Villalazán, La Tuda, Sitrama de Tera...-, lo que sugiere la existencia de un ritual
de matar al maestro como víctima seleccionada por sus menores vínculos
locales, mientras que en aquellas poblaciones con un gran número de víctimas
entre la clase obrera, los maestros, aunque hubieran asumido un grado de
compromiso lo bastante alto como para ser sancionados con la separación del
servicio, salvaron sus vidas: Requejo, Cobreros, Toro, Aspariegos, Sanzoles,
Villalube, Villalpando o Villárdiga[42].
Como ocurrió
con el conjunto de las víctimas de la provincia, la mayoría de los maestros
represaliados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que van desde el
asesinato a tiros en su domicilio (Ildefonso Jambrina, de Villalazán, el 25 de
julio) hasta las sacas de las cárceles de partido de Benavente, Puebla de
Sanabria o Bermillo de Sayago y de la prisión provincial, encubiertas como
entregas a la fuerza pública (Guardia Civil o Falange) para su traslado[43].
En
el partido judicial de Zamora, fueron ejecutados extrajudicialmente Ildefonso
Jambrina (maestro de Villalazán), el 25 de julio de 1936, Valentín Ferrero
García, el 4 de agosto; el cursillista Amado Hernández Pascual, el 12 de
agosto; Josué Fuentes García (Peleas de Arriba), el 19 de agosto; Antonio
Fernández Borrego (La Tuda)(ver foto) el 1 de septiembre, Manuel Vicente
Carvajal (alumno del Grado Profesional) el 27 de septiembre, Ángel Martín
Rodríguez (Moraleja del Vino), el 27 de octubre; los normalistas Carmelo y
Adolfo García Rueda, el 11 y el 13 de noviembre. Por otra parte, José Ferrero
Miranda, hijo de Valentín Ferrero, fue fusilado el 6 de septiembre tras su
condena en un consejo de guerra por divulgar el Boletín de Información del
Comité Representante de las Organizaciones Obreras llamando a la
resistencia contra el golpe.
 |
| Antonio Fernández Borrego |
Tres maestros
de la comarca de Aliste fueron ejecutados extrajudicialmente: Isidoro Ramos
Pérez (Ufones), el 28 de agosto, Manuel Martín Fernández (San Vicente de la
Cabeza) el 21 de septiembre, y Andrés Fernández González (Pobladura de Aliste),
el 6 de noviembre. También fueron condenados a muerte y fusilados los normalistas
Juan y José Fernández Domínguez, vecinos de Nuez de Aliste, el 4 de septiembre.
Junto a la
comarca de la capital, el mayor número de maestros víctimas de la represión
física lo presenta Sayago, donde fueron ejecutados extrajudicialmente Domingo Gaspar
Macías (Fariza) y Miguel Pascual Toribio (jubilado), el 10 de agosto, Benigno
Lucas Garrote (Piñuel), el 20 de agosto, y Félix Garrote Arroyo (Muga de
Sayago), el 26 de agosto. Asimismo, Engracia del Río de la Vega (Fermoselle)
fue asesinada en una saca de la cárcel provincial el 27 de septiembre.
En Sanabria
fueron ejecutados extrajudicialmente los maestros José Alonso Zapata (Puebla de
Sanabria)[44], en
agosto, y Nicolás Quiroga Riesco (Muelas de los Caballeros), en noviembre. Otro
maestro de la comarca, Jerónimo García Vara (Carbajales de la Encomienda), fue
fusilado en Zamora el 8 de septiembre, tras ser condenado a muerte por
supuestos vínculos con la resistencia surgida en la comarca contra el golpe
militar.
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| Orden de entrega (y ejecución extrajudicial) de José Alonso Zapata |
También
murieron en sacas de las cárceles dos maestros de los restantes partidos
judiciales, Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco), el 17 de agosto[45],
y Ángel Zurrón García (Sitrama de Tera), el 4 de noviembre. Otro maestro de la
comarca de Benavente, Juan Fernández Martín (Pueblica de Valverde), falleció
por asistolia en la prisión
provincial el 25 de octubre de 1938.
Varios
maestros destinados en otras provincias fueron asesinados en Zamora por
haberlos sorprendido aquí el Alzamiento: Arquímedes y Arístides Pérez Sánchez,
hijos de Bernardo Pérez Manteca, destinados en Asturias, murieron en iguales
circunstancias el 19 de agosto y el 13 de septiembre, en Zamora y en Toro,
respectivamente. Luciano Espinosa de la Fuente (Llanos de Olmedo, en
Valladolid), el 28 de agosto; Salvador Hernández Díez (Ramil Pequeño, en
Orense), el 6 de septiembre; Marciano Centeno Lobato (Sahagún, en León, el 24
de octubre; Julián Sanz Calvo (Campazas, en León), el 26 de octubre. Por
último, José Fernández Ortega, natural de Villalpando, censado en Castroverde
de Campos, y del que ignoramos su puesto de trabajo en el momento de ser
detenido, fue asesinado en Zamora el 11 de noviembre[46].
Además de los
anteriores, pasaron por la cárcel, como detenidos gubernativos o a la espera de
juicio, otros muchos maestros, como Doroteo Martín Contreras (Requejo), Manuel
Cabezas (Terroso), José Mª Rodríguez Melo (Espadañedo)[47],
Estanislao Luis Hernández (San Miguel de Lomba), Jacinta Miranda (Zamora),
Matilde Ledesma (Almeida de Sayago), Cesáreo Martín Gago (Villárdiga), Andrés
Porto (Roales), Felipe Alonso Rodríguez (Villalpando), Juan Velasco Salvador
(Torrefrades) y Emeterio Cabrera Rubiano (Alcañices). Muchos de ellos fueron
condenados en consejos de guerra que además de su comportamiento político,
también enjuiciaron a veces sus prácticas docentes[48].
A los normalistas Ursicino Ferrero Miranda y Gabriel Fernández Llamero, la pena
de muerte por “rebelión” les fue
conmutada por la de 30 años. Isauro Silva Martínez (Belver de los Montes), fue
condenado a 30 años por “adhesión a la
rebelión”, y Julián Cesteros y Baltasara Luelmo (Manganeses de la
Lampreana), fueron condenados a muerte y a 6 años respectivamente[49].
También pasaron por consejos de guerra Francisco Petisco Murguía (Fermoselle),
condenado a 8 años y Cristilo Prieto Moreno (Villalube), condenado a 12 años
por inducción a la rebelión[50],
Brígida Ledesma (San Vitero) y su esposo José Casado Moralejo (San Juan del
Rebollar), condenados ambos a 20 años por adhesión a la rebelión. A comienzos
de los años 40, algunos docentes zamora nos
cumplían condena en cárceles tan lejanas como Saturrarán (Brígida Ledesma) o
Gerona (Baltasara Luelmo)[51].
Todavía en 1945, la
Junta Provincial de Libertad Vigilada de Zamora controlaba a
un inspector de primera enseñanza y a
nueve maestros que extinguían condena, todos ellos separados del servicio y
dedicados a actividades tan distintas como representante de comercio (Valeriano
Enríquez), agricultor (Manuel Garrote, Aureliano Santiago e Isauro Silva) o
zapatero (Cristilo Prieto), o se encontraban en el paro (Clemente González
Carrillo)[52].
Sobre algunos
de estos maestros recayeron todas las modalidades represivas posibles, y fueron
sucesivamente fusilados, destituidos, despojados de sus bienes y, por último,
separados definitivamente del servicio por el procedimiento depurador[53].
Entre los docentes zamora nos
expedientados por la Comisión de Incautación de Bienes o por la posterior
jurisdicción de Responsabilidades Políticas se encuentran José Datas, Baltasara
Luelmo, Julián Cesteros, Miguel Méndez (Nuez de Aliste), Abraham de las Cuevas
(Santibáñez de Vidriales), Isauro Silva, Felipe Alonso[54],
Petronila Rodríguez Gallego (Aciberos), Áurea Rodríguez Perero (Vigo de
Sanabria)[55],
Brígida Ledesma y José Casado Moralejo[56],
Gabriel Fernández Llamero, Antonio García Rueda (Vega de Villalobos), Antero
Doncel Rodríguez (San Cebrián de Castro), Antonia Cereceda Pascual (Valcabado)
y Nemesio Rodríguez Gavilán, Aurora Blanco (Sitrama de Tera), Lucía Blanco
Sánchez (Cabañas de Sayago) y Asunción García Carrascal (Fuentesecas)[57].
Todavía en 1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas hacía
públicas las sanciones recaídas sobre maestros ya fallecidos como Sofía Debesa
(15.000 pesetas), Félix Garrote (10.000), Domingo Gaspar (12.000), Benigno
Lucas (15.000) o Nicolás Quiroga (8.000)[58].
La incongruencia entre los criterios de las diferentes instancias represivas
hizo que en algunos casos, docentes que en el procedimiento de depuración
habían sido confirmados en sus puestos con todos los pronunciamientos
favorables, fueran objeto de expediente de Responsabilidades Políticas en el
que se podía entrar a valorar hechos ya enjuiciados, como les ocurrió a las
citadas maestras de Aciberos, Vigo o Valcabado.
3. La represión específica sobre
el magisterio: la “necesaria depuración”.
3.1. Antecedentes.
La historiografía ha adoptado el paradigma
de la uniformidad del proceso depurador, infravalorando las posibles
particularidades en la composición de las respectivas comisiones provinciales.
Un estudio pormenorizado de estas comisiones, que en general no se ha hecho[59], puede ayudar a explicar variaciones en
los criterios punitivos seguidos en las distintas provincias. Nuestra hipótesis
es que en el caso concreto de Zamora muchos elementos de la represión y
depuración del personal docente están prefigurados en la movilización
de la derecha católica zamora na,
desarrollada desde comienzos de siglo, pero con especial intensidad frente al
régimen republicano, para forzar el reconocimiento de la identidad católica del
pueblo español como parte esencial de la condición de ciudadanía. La coalición
constituida en 1936 junto a militares, fuerzas del orden y extrema derecha
fascista representa la culminación de esta estrategia[60].
Desde 1931, el obispado de Zamora había articulado
la oposición a la política educativa del régimen por medio de un entramado
formado por la prensa católica –el Boletín del Obispado y el Correo
de Zamora[61]-,
Acción Católica, el Círculo Obrero Católico, la Asociación Femenina
de Educación Ciudadana (AFEC), la Asociación de Padres de Familia- presidida
sucesivamente, entre otros, por los catedráticos Dictino Álvarez Reyero (de la Escuela Normal ) y
Alejandro de Colomina (del Instituto)- y, en el ámbito político, el gran
partido católico de masas, Acción Popular, presidido en Zamora por el capitán
Agustín Martín Rodríguez[62].
Su
principio movilizador era la deslegitimación del Estado para organizar la
educación -“sólo hay dos poderes con ese
derecho docente: la Iglesia y la familia” [63]-,
pero su alternativa no era la red de centros privados propugnada por la
Asociación de Padres de Familia para sustituir a los regidos por
congregaciones, sino un Estado confesional que impusiera los principios
católicos a todo el sistema educativo, a costa de depurar a los docentes, como
pudo oírse ya en 1932 en un acto organizado en Zamora por la AFEC[64].
El argumentario de las denuncias e informes del proceso de depuración está
prefigurado en las campañas contra los docentes señalados como responsables de
la paganización social[65],
que en muchas localidades de la provincia se concretó en boicoteos (Burganes de
Valverde, Villalube, Aspariegos) e incluso agresiones (Olmillos de Valverde,
Abraveses de Tera)[66].
Otro pilar de la coalición fue
Falange Española de las JONS, que a pesar de su ínfima implantación en la
provincia antes de julio de 1936 (en las elecciones de febrero obtuvo poco más
de un millar de votos), y de que su programa educativo apenas difería del de la
derecha católica, con la que coincidía en sus críticas a la universalización de
la enseñanza pública y laica, a la coeducación y a iniciativas como las
Misiones Pedagógicas, protagonizaría las acciones más expeditivas de la
represión, consecuentes con las palabras de su órgano provincial: “Hay que barrer al magisterio”[67].
Todos ellos percibieron el golpe de 1936 como la gran oportunidad de imponer un
proyecto que hasta entonces se había visto lastrado por la necesidad de
coaligarse con fuerzas de un conservadurismo más tibio o pragmático. Contarían
para ello con un último e indispensable pilar: los sectores mayoritarios del
Ejército y las fuerzas del orden, que al triunfar la sublevación en Zamora
situaron al frente de las instituciones, hasta febrero de 1937, a personalidades de
la derecha católica, ya fuesen de Acción Popular (Agustín Martín, Venancio
Hernández Claumarchirant, José González Miranda y Alfredo Alonso, presidente y
vocales de la Diputación), o colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera,
como el teniente coronel Raimundo Hernández Comes (que se hizo cargo del
Gobierno Civil), Fausto Martínez Castillejo, o Prudencio Rodríguez Chamorro.
En el ámbito rural se hizo igualmente patente la connivencia
entre el poder militar, las instituciones provinciales controladas por la
derecha católica y la
Iglesia. A la primera depuración de cargos políticos locales,
inmediatamente después del golpe de estado, en la que se destituyó a las
gestoras municipales nombradas después de febrero, y a los alcaldes y
concejales de elección popular pertenecientes a partidos no afines al
alzamiento, siguió en el otoño del mismo año una segunda sustitución de
alcaldes, concejales y jueces municipales, impulsada por Agustín Martín,
presidente de la Diputación, con la ayuda de los párrocos y de los dirigentes
locales de su partido[68]. Los mismos cauces de comunicación, ya tuvieran
como intermediario a Agustín Martín, a Hernández Comes o a otros responsables
de organizaciones afines al alzamiento, sirvieron para tramitar no sólo
sugerencias o recomendaciones, sino también denuncias contra aquellos a quienes
se consideraba peligrosos para el nuevo régimen, estimulando la delación, y
creando en la retaguardia unas sinergias represivas que llegarían hasta el
último rincón de la
provincia.. Colaboraron gustosamente con los órganos
militares y depuradores, tanto las autoridades locales –alcalde, cura párroco,
comandante de puesto de la
Guardia Civil- legalmente obligadas a ello como muchos
vecinos espontáneos[69],
algunos de los cuales apelaban al secreto y a la reserva, mientras que
otros no ocultaron su identidad ni disimularon su enemistad con docentes no
afines, derrotistas o tibios, pero también con maestros insertos en el sistema, a los que
pese a contar con la protección del falangismo o de haber repuesto el crucifijo
y colaborado en las suscripciones patrióticas, se acusaba de albergar
sentimientos antipatrióticos.
La Orden de
19 de agosto de la Junta de Defensa Nacional, por la que se ordenaba el inicio
de la actividad escolar primaria el día 1 de septiembre, la reorganización de
la escuelas y las primeras medidas para revisar la actuación de los docentes,
representa el inicio del proceso de depuración administrativa del magisterio,
en una primera fase caracterizada por su carácter expeditivo y por la improvisación. Los
ayuntamientos debían remitir informe individualizado acerca de los maestros al
rectorado universitario correspondiente –en este caso, al de Salamanca- que,
como órgano superior, tendría la facultad de confirmarlos en sus puestos o
adoptar medidas sancionadoras que podían llegar a la destitución. Los
informes de los alcaldes empezaron a llegar al rectorado desde finales de
agosto[70],
pero en muchos casos, las autoridades locales se anticiparon a los órganos
superiores y tomaron la iniciativa de la acción depuradora. Así, el Consejo
Local de Primera Enseñanza de Fuentesaúco se reunió el 12 de agosto para
comunicar a la Inspección que “sería imprescindible que el Sr. Pérez Manteca
no vuelva a encargarse de la enseñanza, de un modo absoluto en España (...)
pues sabe se le comunicó por padres de familia lo indeseable que siempre fue en
esta localidad, por su manera de ejercer la profesión, inculcando en los niños
teorías marxistas y comunistas”[71].
 |
| Bernardo Pérez Manteca con sus alumnos |
Investido
como órgano de gestión administrativa y de control político e ideológico de la
educación primaria y secundaria, el rectorado asumió unas competencias
exorbitantes y un trabajo ímprobo. En dos meses tuvo que implantar el nuevo
modelo educativo, depurar al personal docente y dictar las consiguientes
sanciones, consistentes en suspensiones
temporales o destituciones definitivas que afectaron a todos los docentes que
fueron incriminados por sus alcaldes[72].
Las propias autoridades franquistas se verían obligadas a revisar este
procedimiento, reiniciándolo para aplicar unas mínimas garantías procesales
-como el principio de competencia y la audiencia al interesado-, que la
normativa de la Junta de Defensa Nacional había vulnerado, dando lugar a
múltiples errores y arbitrariedades.
De manera simultánea al inicio de este proceso, y en el contexto de una
purga generalizada del personal de las distintas administraciones[73],
el 26 de agosto de 1936 el Gobernador civil de la
provincia, Raimundo Hernández Comes, emitió una Orden separando del servicio a
121 docentes de enseñanza primaria -entre los que se incluía también a interinos
y cursillistas-, que se fundamentaba en su “actuación
perniciosa” en la escuela y en “las
circunstancias que concurren en los señores maestros”. La lista, con varias
duplicaciones y errores en los nombres, se publicó en el Boletín de la
provincia y en la prensa de Zamora, y los afectados quedaron separados del
servicio, dejando de pertenecer al Magisterio con efecto retroactivo al primero
de agosto[74].
Esta purga debió tener como base los informes y denuncias de los alcaldes, así
como una lista negra que incluiría a los normalistas y maestros identificados
como simpatizantes de organizaciones del Frente Popular, por ejemplo, todos los
relacionados de una u otra forma con la FETE.
3.2. La Comisión de Depuración del Magisterio de la
provincia de Zamora
La
Comisión de Depuración del Magisterio de la Provincia de Zamora se constituyó
en cumplimiento del Decreto de 8 de noviembre de 1936 de Revisión del Personal
de Instrucción Primaria, con competencia en la fase instructora, para estudiar
los expedientes de todo el personal docente de centros oficiales. Su
presidencia correspondía al director del
Instituto de Segunda Enseñanza, pero el cese gubernativo de Pedro Sanz Herrero[75]
hizo recaer tal cargo en el catedrático de latín Pedro Gazapo
Cerezal, que había dirigido el centro desde 1907 y desde su jubilación en 1932
era director honorario[76].
La secretaría de la Comisión debía recaer en un inspector de primera enseñanza,
y el nombramiento recayó en María Esperanza Rubio González, nacida en 1898, destinada
en Zamora desde finales de 1934 y que había colaborado en la creación de
asociaciones de Amigos de la
Enseñanza. Los vocales de la Comisión debían ser un
representante de la Asociación de Padres de Familia y dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y
técnica. En nombre de la Asociación se incorporó su vicepresidente,
Fernando Mediavilla San Juan[77];
director del Banco Herrero en la capital, y los otros vocales fueron el registrador de la propiedad José González
Miranda y Pizarro, que en 1937 presidiría la Junta Diocesana de
Acción Católica[78],
y el nuevo director de la Escuela Normal de
Zamora –nombrado el 14 de agosto por el Gobernador Civil-, el catedrático de
pedagogía Dictino Álvarez Reyero, que había sido concejal en el
Ayuntamiento de la capital durante la Dictadura de Primo de Rivera[79].
 |
| Pedro Gazapo Cerezal en su época de alcalde de Zamora |
La
derecha católica controlaba la Comisión con la presencia de tres militantes de
Acción Popular en sus vocalías. Álvarez Reyero y Mediavilla eran, además,
miembros de la Asociación de Propagandistas Católicos. Por el contrario, no
había en ella representantes de Falange, a la que no sería preceptivo
reservarle vocalías hasta la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1939,
fecha en la que Comisión
de Zamora había finalizado ya sus trabajos.
Como
en otros colectivos sometidos a depuración, se implicó en el proceso a los
propios miembros de la comunidad educativa, cuya participación fue, sin
embargo, desigualmente requerida. La Sección Administrativa
de Primera Enseñanza, dirigida por Manuel de Ávila, colaboró con absoluta diligencia,
al igual que los profesores de la Escuela Normal en los expedientes incoados a
alumnos del Grado Profesional. Por el contrario, no se dio participación a la
inspección de enseñanza primaria pese a que algunos docentes expedientados lo
solicitaron por considerarlo el único órgano cualificado para valorar su
conducta profesional, juzgada en ocasiones como deficiente por padres de
familia semianalfabetos.
La Comisión provincial se
constituyó en el Instituto Claudio Moyano pero desarrolló casi toda su actividad
en dependencias de la Diputación[80]. Reinició el proceso depurador teniendo
en consideración, como antecedentes, todas las decisiones adoptadas en el
procedimiento anterior, que siempre se considerarían relevantes. La Comisión
incoaría el expediente con plenos poderes instructores, estando autorizada a
requerir los informes preceptivos o complementarios, acerca de “la conducta profesional, social y
particular, así como las actuaciones políticas del personal, con el objeto de formarse un concepto acabado y total de cada
uno de los interesados”. Según su Presidente, “Siempre que alguno de los informes aparecía en abierta contradicción
con los demás o con alguno otro suscrito por el mismo interesado anteriormente,
se exigieron las debidas explicaciones a fin de encontrar la verdad allí donde
realmente se hallare, y con este mismo propósito, cuantas veces se conceptuó
conveniente, una representación de esta Comisión, compuesta de dos o tres
individuos de la misma, fue visitando
bastantes pueblos de la provincia, aproximadamente unos noventa. Así es que si
con los procedimientos y gestiones que quedan reseñados no hemos conseguido el
acierto, habrá de atribuirse a escasez de nuestras luces y no a la falta de
buena voluntad”[81].
Lo
cierto es que los pliegos de cargos incorporaban cualquier acusación que
hubiera sido formulada en algún informe e incluso en denuncias espontáneas o
colectivas, que sólo en muy contadas ocasiones fueron desestimadas[82],
y sin contrastar suficientemente acusaciones formuladas en numerosos
expedientes que evidencian la existencia de un acuerdo previo de intenciones,
sobre todo entre el párroco y el vecino padre de familia, cuyos informes sólo
se diferencian a veces por la caligrafía. Tal y como ha señalado Lucio Martínez[83],
la concordancia entre párroco y alcalde, revelando a veces acuerdo de
intenciones, es mucho más frecuente en la comarca de Benavente que en Sanabria,
donde los ayuntamientos adoptaron a menudo una actitud “protectora y defensiva”
contrapuesta a la de los párrocos, pudiendo considerarse extensible esta última
tendencia, según se desprende del estudio de los expedientes, al resto de
comarcas de la provincia.
A menudo la Comisión dio crédito al informe más desfavorable
para el maestro aunque fuese contradictorio con los demás[84],
o formuló una propuesta sancionadora, pese a considerar desvirtuados todos los
cargos, porque la mera formulación de éstos en los informes revelaba una
enemistad que hacía aconsejable el traslado del maestro. Las garantías para los
expedientados se sacrificaron al criterio de oportunidad, de manera que el “por si acaso” bastó para que se
sancionara a muchos maestros.
Las
actuaciones previas para recabar los informes y la elaboración y notificación
de pliegos de cargos se desarrollaron entre diciembre de 1936 y abril de 1937,
y las propuestas de resolución fueron aprobadas –siempre por unanimidad de los
miembros de la Comisión, sin que consten votos particulares en ninguna de
ellas- entre junio y julio de 1937. Las propuestas corroboraron casi siempre las
imputaciones realizadas en el pliego de cargos, y en su caso propusieron al
órgano superior la sanción correspondiente, siendo frecuente que la propuesta
de resolución ratificara cargos basados en informes con una base probatoria
endeble, con el argumento de la “convicción moral” de la Comisión acerca de su
certeza[85].
En
diciembre de 1937, la Comisión provincial había estudiado 951 expedientes, y
había formulado propuesta de resolución acerca de 942 de ellos: 62 de
separación definitiva, 29 de suspensión de empleo y sueldo por dos años, 9 de
suspensión de empleo y sueldo por menos de dos años, 15 de suspensión de empleo y sueldo por un
año, 73 de suspensión de empleo y sueldo por menos de un año, 3 de traslado, 3
de jubilación, 4 de incoación de expediente disciplinario (a normalistas), 3
“propuestas especiales” y 741 de confirmación en el cargo.
Concluso el expediente, la Comisión Provincial
lo remitía a los órganos superiores competentes para dictar las sanciones con
carácter definitivo, que sucesivamente fueron la Oficina Técnica
Administrativa dependiente de la Junta Técnica del
Estado y la
Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración,
dependiente ya del Ministerio de Educación Nacional, y que a partir de 1939,
conocería los recursos en fase de revisión. Estos órganos superiores realizaron
a veces su propia investigación de los docentes de la provincia, con la
colaboración del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), supervisando
así no sólo la conducta de los expedientados sino también fiscalizando la
actualización de la
propia Comisión provincial. Sus resoluciones coincidieron
generalmente con las propuestas por la Comisión Provincial ,
ratificando todo el proceso depurador y dando su conformidad a las bases
probatorias sobre las que se había sustentado el expediente y a la instrucción
del mismo. No obstante, su criterio no siempre coincidió con el de la Comisión
provincial, y en una veintena de casos la sanción fue rebajada, de manera que
en 13 expedientes en los que la Comisión de Zamora proponía la separación
definitiva del servicio[86], la resolución final fue de suspensión
por 1 ó 2 años con accesorias de traslado e inhabilitación para cargos, en 4
expedientes se redujo la duración de la suspensión temporal propuesta y sólo en
uno con propuesta de confirmación en el puesto el órgano superior dictó una
sanción de traslado forzoso.
Las primeras órdenes remitidas
a Zamora por la Oficina Técnico-Administrativa , entre diciembre
de 1937 y agosto de 1938, consistieron en la reposición provisional (a la
espera de resolver sus expedientes de depuración) de algunos maestros
destituidos en agosto de 1936 y en la reposición de otros con sanciones de
pérdida de haberes y traslados dentro de la provincia[87]. Entre octubre y noviembre de 1938, la
Comisión publicó en el Boletín de la provincia una relación de 724 expedientes
resueltos con todos los pronunciamientos favorables[88]. Los restantes 231 expedientes tardaron
otro año en resolverse, y sus resoluciones –la mayoría sancionadoras- se
publicaron entre noviembre de 1939 y julio de 1940[89].
Los
recursos de súplica sólo eran revisados en el supuesto de aportar nuevo
material probatorio que permitiese reconsiderar la sanción. Las
dificultades probatorias de algunos cargos inhibieron la formulación de
recursos, dadas las escasas solicitudes de revisión que se instaron en aquel
momento[90].
En 1942, el Juzgado Superior de Revisiones de Expedientes de Depuración se hizo
cargo de la revisión de expedientes, que se prolongaría hasta 1961, y en
algunas de cuyas resoluciones aparece una crítica velada al criterio de
oportunidad que había guiado la actuación de los anteriores órganos depuradores
y reconociendo que en algunos expedientes “quedan huellas del más condenable
caciquismo local” (expediente
de revisión de Fernando Paíno). Entre otros, lograron reintegrarse al servicio
maestros que habían sido separados del mismo, como Doroteo Martín (en 1946),
Matilde Ledesma (en 1951), José Ferrero Chillón (en 1956) y Julián Cesteros (en
1961).
4.-
Balance y conclusiones.
Los maestros y maestras sancionados en
Zamora (ver tabla) son 175 sobre un total de 955 sometidos a depuración, esto
es el 18,32%, porcentaje bastante inferior al promedio de las provincias cuyo
proceso depurador conocemos (24,86%) y que sólo tiene sentido comparar con
aquéllas en las que el Alzamiento se impuso desde el primer momento, entre las
que Zamora se sitúa en una posición intermedia, por debajo de Burgos (27’19%) o
Pontevedra (24’21%) aunque por encima de Granada (16’05%) o Sevilla (11’48%)[91],
lo que confirma el conservadurismo y la escasa movilización política o sindical
de la mayor parte del magisterio zamora no.
El conservadurismo parece haber sido
especialmente notorio entre las maestras zamora nas,
de las que, pese a ser mayoría en el colectivo sometido a depuración, sólo 46
fueron sancionadas (frente a 129 varones). La depuración de las mujeres fue
menos dura sólo en términos cuantitativos, como exponente de la escasa
participación política de las mujeres zamora nas,
y no por “condescendencia machista”[92],
pues a las maestras políticamente comprometidas -como Engracia del Río o Aurora
Blanco- se las trató con la misma dureza que sus compañeros varones, y las
actitudes de indiferencia religiosa o conductas privadas desviadas del modelo
nacionalcatólico de género fueron un supuesto sancionable que se enjuició con
especial rigor en las mujeres. Asimismo, a algunas de ellas se les imputaron
responsabilidades por las actividades políticas de otros miembros de su familia
sobre los que se consideraba exigible que, por su condición de esposas o
madres, tuviesen una influencia moderadora.
En cuanto a la distribución geográfica,
Leoncio Vega señalaba hace años que “serán dos las zonas especialmente
afectadas: por un lado la situada en torno a la Sierra de la Culebra (la
Carballeda y parte de Aliste) y una franja comprendida entre Zamora ciudad y
Villalpando, ambas inclusive”[93].
Los partidos judiciales de Bermillo, Alcañices, Fuentesaúco, Villalpando y
Puebla de Sanabria superan entre un 3 y un 4 % la media provincial de docentes
sancionados, mientras que los de Zamora[94],
Benavente y Toro quedan muy por debajo.
Por lo que respecta al contexto político
de las localidades afectadas, la dinámica electoral de 1936 sólo ayuda a
explicar muy parcialmente los criterios seguidos en el proceso depurador. En la
provincia se aplicaron sanciones a los maestros de 119 municipios, pero sólo en
13 de los 40 en los que el Frente Popular obtuvo la mayoría de votos. La mayor
correlación parece encontrarse en la comarca de Sayago, donde el mayor peso de
la coalición lo tenía Izquierda Republicana y se aplicaron sanciones en 5 de
los 11 municipios con mayoría del Frente Popular[95].
La proporción es similar en el partido de Fuentesaúco, con maestros sancionados
en 3 de las 6 localidades en que vencieron las izquierdas[96].
Por el contrario, en comarcas con un aplastante dominio electoral de las
derechas, como los partidos judiciales de Alcañices y Puebla de Sanabria, la
inmensa mayoría de las sanciones corresponden a maestros de localidades en las
que las derechas superaron su media provincial de votos[97].
En las comarcas de Villalpando, Toro y Zamora, los maestros parecen haber
estado al margen no sólo de la conflictividad obrera en el campo sino también
de la movilización electoral del Frente Popular. Así, en la primera de ellas
las sanciones afectaron a uno de los dos municipios en que venció el Frente
Popular, pero a menos de la mitad de aquellos en que sus votos superaron el 30%[98],
y en los partidos de Toro y Zamora no se sancionó a maestros en ninguna de las
localidades (2 y 4, respectivamente) en que venció el Frente Popular, ni a la
mayoría de las que le dieron los mejores resultados electorales[99].
Por último, llama la atención cómo en la comarca con mayor éxito electoral de
las izquierdas, la de
Benavente , los órganos depuradores apenas parecen haber
atribuido responsabilidades políticas al magisterio: el Frente Popular ganó
allí las elecciones en 15 localidades (sobre un total de 60), de las que sólo
en 4 se sancionó a maestros[100],
y no se sancionó a ningún docente de la capital comarcal.
Otra dinámica que parece haber influido en
la depuración en medida comparable a la oposición entre derechas e izquierdas
son las tensiones internas dentro del bloque de derechas, que habrían enfrentado
a los católicos de Acción Popular con los otros candidatos de la coalición (los
agrarios y los radicales y albistas). Llama la atención que los menores
porcentajes de docentes sancionados correspondan a partidos judiciales con
mayor peso de AP (Benavente, Toro, Zamora) mientras los mayores porcentajes de
sancionados corresponden a localidades con predominio de Cid, Rodríguez y Alba
(Bermillo, Alcañices, Fuentesaúco, Puebla), de algunos de cuyos partidarios o
amigos políticos se emitieron –y se dieron por válidos- informes atribuyéndoles
inclinaciones frentepopulistas[101].
La distribución de las sanciones por
grupos de edad parece desmentir el tópico, esgrimido por la propaganda
franquista, del mayor radicalismo político de los maestros jóvenes, formados en
las Normales republicanizadas[102].
El promedio de edad de los docentes sancionados en Zamora es de 37,06 años[103],
y sólo un 29,72% eran menores de 30 años. El promedio de edad de los que
llegaron a sufrir la sanción más grave –separación del servicio, o inhabilitación
perpetua en el caso de los normalistas- es todavía mayor, con 38,5 años, apenas
inferior a la edad media del personal docente de la provincia, y sólo un 26,82%
de ellos eran menores de 30 años[104].
El corpus documental de los expedientes permite
entrever un aspecto difícil de cuantificar, el impacto humano del proceso. Sin contar
aquellos cuyos expedientes de depuración se incoaron después de su asesinato,
sobre todos los cuales recayeron resoluciones de separación definitiva del
servicio o de inhabilitación perpetua que vinieron a legitimar la violencia
física ejercida sobre ellos, varios docentes fallecieron por otras causas
durante la instrucción del expediente de depuración. Es el caso de Vicente Laso
Santiago (Cerecinos de Campos), Sofía Debesa Martínez (Arrabalde), Cipriana
Tascón Carretero (Tábara) o María Tejedor Hidalgo (Villanueva de Azoague).
Muchas familias de maestros fueron destrozadas por la represión. Miguel Pascual
Pascual (Benegiles), sufrió el asesinato de su hijo, el médico Miguel Pascual
Toribio. Jacinta Miranda Alén, además de ser encarcelados ella y sus hijos
Milagros, Ursicino y Tomás, sufrió el fusilamiento de su padre Fabián Miranda,
su esposo Valentín Ferrero y sus hijos José y Valentín Ferrero Miranda[105].
Felicitas Fernández Lorenzo perdió a su padre y a su hermano. Otras maestras
perdieron a sus esposos, como Aldara Adoración Delgado García (Castroverde de
Campos), Cruz Alonso Cantarín (La Hiniesta), Petra Curises García (Ferreruela)
o Inés Hernández Tamame (San Pedro de las Cuevas)[106].
Aunque la enseñanza privada permitió a
algunos profesores depurados seguir ejerciendo su profesión[107],
la mayoría de los separados del servicio tuvieron que buscar otros empleos y en
muchos casos, al concurrir penas de prisión o destierro, cambiar de domicilio[108].
Más difícil debió ser la reinserción de los de mayor edad y, sobre todo, de las
maestras, en un momento en que las directrices gubernamentales se inclinaban a
favorecer la salida de las mujeres del mercado laboral. De la documentación
aportada por los expedientados se desprende que algunos de ellos se encontraron
en situaciones realmente precarias[109].
La combinación de la eliminación
física (ejecución o encarcelamiento), la purga ideológica y, en muchos casos,
la huida de los maestros, dio como resultado la existencia en noviembre de 1936
de 142 escuelas vacantes en la provincia[110].
Los criterios seguidos para la provisión de las plazas vacantes, que
inicialmente habían incluido la posibilidad de encomendarlas provisionalmente a
los párrocos[111] y
posteriormente, para su provisión definitiva, favorecerían a los aspirantes que
hubieran combatido en las fuerzas franquistas o hubieran sido perseguidos por
las autoridades republicanas, reduciendo en estos casos los requisitos de
titulación –que la República había incrementado-, completaron la
reestructuración de este sector haciéndolo todavía más conservador.
Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional
en expedientes tramitados por la Comisión de Depuración del Magisterio de la
provincia de Zamora (1937-1940)
Resolución
|
Maestros
|
Maestras
|
Total
|
Resuelto con todos los
pronunciamientos favorables
|
294
|
427
|
721
|
Habilitado para el desempeño de
escuelas
|
5
|
11
|
16
|
Confirmado en su cargo
|
14
|
20
|
34
|
Confirmado como cursillista
|
2
|
0
|
2
|
Confirmado y que se le incoe
expediente administrativo
|
2
|
5
|
7
|
Sin sanción
|
317
|
463
|
780
|
Expediente disciplinario e
inhabilitación para cargos directivos y de confianza
|
4
|
0
|
4
|
Repuesto en el cargo con
pérdida de 6 meses de los que dejó de percibir
|
1
|
0
|
1
|
Rep. en el cargo con pérdida de
|
1
|
0
|
1
|
Rep. en el cargo con pérdida de
los haberes que dejó de percibir
|
1
|
0
|
1
|
Rep. en el cargo con pérdida de
|
1
|
0
|
1
|
Repuesto en el cargo con
pérdida de
|
1
|
0
|
1
|
Inhabilitación por 2 años para
el desempeño de cargos directivos y de confianza
|
3
|
1
|
4
|
Trasl. dentro de la provincia,
prohibición de solicitar vacantes durante 1 año e inhab. para cargos
directivos y de confianza
|
1
|
0
|
1
|
Trasl. dentro de la prov.,
prohib. de solicitar vacantes durante
|
5
|
1
|
6
|
Trasl. dentro de la prov.,
prohib. de solicitar vacantes durante
|
7
|
4
|
11
|
Suspensión por 1 mes con abono
del tiempo que estuvo suspendido, trasl. dentro de la prov., prohib. de
solicitar vacantes durante un año e inhab. para el desempeño de cargos
directivos y de confianza
|
5
|
2
|
7
|
Susp. por
|
6
|
3
|
9
|
Susp. por
|
1
|
0
|
1
|
Susp. por
|
8
|
4
|
12
|
Susp. por
|
1
|
1
|
2
|
Susp. por
|
1
|
0
|
1
|
Susp. por
|
3
|
2
|
5
|
Susp. por
|
8
|
6
|
14
|
Susp. por
|
6
|
3
|
9
|
Susp. por
|
3
|
0
|
3
|
Susp. por
|
7
|
4
|
11
|
Susp. por
|
17
|
2
|
19
|
Susp. por
|
1
|
2
|
3
|
Separación definitiva del
servicio y baja en el escalafón
|
36
|
9
|
45
|
Inhabilitación perpetua para el
desempeño de escuelas (a alumnos de la Normal o cursillistas)
|
4
|
0
|
4
|
Sancionados
|
131
|
44
|
175
|
Total
|
448
|
507
|
955
|
[1] Algunos
aspectos de este estudio se han desarrollado en los trabajos de MARTÍN BARRIO,
Adoración y MARTÍN GONZÁLEZ, Eduardo: “Aproximación al estudio de la represión
franquista contra el personal docente en Zamora”. Segundo Congreso de Historia de Zamora. Actas, Zamora, IEZ Florián
de Ocampo, 2008, vol. 3, pp. 325-339, y “La represión franquista contra el
magisterio zamorano”, en A los 70 años de
la guerra civil española. Zamora, 21 y 22 de diciembre de 2006 , Zamora,
UNED, pp. 431-475(en prensa).
[2] El número de opositores aprobados en el Plan de 1928 excedía del
de plazas ofertadas –sólo en Zamora eran 120-, pero no lograron, pese al
respaldo de Galarza, que se celebrara el reexamen de ingreso, por lo que el
problema permaneció latente, como un foco de enfrentamientos y conflictos (Heraldo de Zamora, 21/04/1931 y 18/08/1931). Movilizaciones en Zamora de normalistas de los planes de 1914 y 1931
(con pocos días de diferencia y con reivindicaciones contrapuestas) (Heraldo de Zamora, 16/11/1933).
[3] MORENTE
VALERO, Francisco, La escuela y el Estado
Nuevo: la depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). Valladolid,
Ámbito, 1997, pp. 234-237, emplea una muestra de 489 maestros y maestras de
Albacete, Asturias, Gerona, Lérida, Madrid, Tarragona, Valencia y Vizcaya;
nuestra muestra para Zamora es de 394 docentes de edad conocida. Los maestros
menores de 30 años, que en el conjunto de provincias representaban un 41,10%,
sólo eran el 21,06% en Zamora, mientras que los grupos de mayor edad eran aquí
más numerosos: los de 30 a
45 años eran el 40,35% (frente al 30,47% en la media de provincias), los de 46 a 60 años un 30,20% (19,43%
en las demás provincias), y los mayores de 60 un 8,37% en Zamora (7,42% en las
otras provincias). Dentro de la provincia había también variaciones
importantes, situándose por encima del promedio los maestros de los partidos de
Toro (47,2 años), Puebla de Sanabria (45 años), Zamora (43,3), Alcañices
(43,2), Benavente y Bermillo de Sayago (42,4), mientras que los más jóvenes
eran los de Villalpando (40,5 años) y Fuentesaúco (40,3).
[4] Archivo General
de la Administración, Educación. Las cajas de este fondo que contienen los
expedientes de la Comisión de Depuración del Magisterio de la provincia de
Zamora citados en el texto son: caja 32/13083, expedientes de: Agustín Caño
Domínguez (Vivinera)(ver foto), Plácida
García Villar (Calzada de Tera), Ángel Hernández Chicote (Venialbo), Ramón Manteca Pérez (El Puente de Sanabria), Fernando
Paíno García (San Román de Sanabria), Andrés Rodríguez Sevillano (San Miguel de la
Ribera); caja 32/13084:
expedientes de Dionisia Alfonso Fernández (Villageriz), José Alonso Zapata
(Puebla de Sanabria), Agustín Blanco García (Fresno de la Polvorosa), Marcelino
Crego Martín (Robleda-Cervantes), Eduardo Crespo Fidalgo (Galende), Aldara
Adoración Delgado García (Castroverde de Campos), Obdulio Garrote Iglesias
(Castroverde de Campos); caja 32/13085: expedientes de Balbina de Anta Cabrero (Sogo), Miguel Azcaray Almeida (Boya), María Borrego
Mozo (Roelos), Florencio Domínguez Manteca (Cerdillo), Ángel Encinas Hernández (Almeida), Domingo García
Prada (Castellanos), Alfredo Garrido Escobar (Tapioles), Narcisa González Manzano (Carbajalinos),
Jesús Pedraz Segurado (Cañizal), Francisca Jambrina Zúñiga (Fresno de la Ribera),
Vicenta Martínez Baena (Olmillos de Valverde), Victoriana Martínez Illera
(Cerecinos de Campos), Bienvenido
Prieto de la Mata (Quiruelas de Vidriales), María Prieto Fontanillo (Zafara), Ana
María Prieto Monzón (Justel), Melchora Sánchez Rodríguez (Santa María de la
Vega); caja 32/13086, expedientes de: Juan Llamas Ovelar (San Juanico el
Nuevo), Celedonio Rubio (Castroverde de Campos), Avelino Sogo Viñuela
(Villardondiego); caja 32/13087, expedientes de: Matías Alfonso Crespo (Muga de
Alba), Amador Bartolomé Hernández (Torres de Aliste), Casimiro Baz Herrero
(Toro), Segismundo Blanco Rodríguez (Castrillo de la Guareña), Inés Hernández
Tamame (San Pedro de las Cuevas), Manuel
Montero Mostaza (Cobreros), Encarnación Turrado Riesco (Donado); caja 32/13088, expedientes de Cayetana Alonso
Rodríguez (Sagallos), José Casado Moralejo (San Juan del Rebollar), Josué
Fuentes (Peleas de Arriba), Antonio García Rueda (Vega de Villalobos), Elisardo González del Corral (Argusino), Brígida
Ledesma Martín (San Vitero), Doroteo Martín Contreras (Requejo), Cesáreo Martín
Gago (Villárdiga), Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco), Nicolás Quiroga Riesco (Muelas de los Caballeros), Manuel San Faustino Hernández (Fermoselle); caja 32/13089,
expedientes de: María Calleja Misol (Bercianos de Vidriales), Ramiro Fernández Llamero
(Villafáfila), José Fuentes Clemente (Anta de Rioconejos), Domingo Gaspar Macías
(Fariza), Manuel Paíno García (Melgar de Tera), Engracia del Río de la Vega
(Fermoselle), José Mª Sanmillán Ramos (Peleas de Abajo), Catalina de Tiedra
Astudillo (Villafáfila), Etelvina de la Vega Fernández
(Vega de Villalobos);.caja 32/13201,
expediente de María Bueno de Diego (Sta. Colomba de las Monjas).
[5] Según CEREZO
MANRIQUE, Juan Francisco. La formación de
maestros en Castilla y León (1900-1936). Salamanca, Diputación, 1991, p.
115, el 9% de normalistas de la región eran hijos de maestros.
[6] MOLERO
PINTADO, Antonio. “Los maestros republicanos: legislación y conflictividad
profesional (1931-1936)”. Historia de la Educación, 16, 1997, pp.
285-302. Eran competentes en materia disciplinaria la Inspección, los Consejos
Provinciales de Primera Enseñanza, la Dirección General
de Primera Enseñanza y el Ministerio de Instrucción Pública.
[7] La
Comisión desestimó las acusaciones de izquierdismo contra Balbina de Anta
Cabrero, que según un informe policial, habían sido impulsadas por el párroco
de Sogo por envidia del sueldo de la maestra. Los honorarios de un párroco rural en
1931 se situaban en torno a las 2.000 pesetas anuales, excluidos los ingresos
indirectos que podían percibirse como amenazados por la secularización (MATEOS,
Miguel Ángel. “Formación y desarrollo de la derecha católica en la provincia de
Zamora durante la
Segunda República ”, en TUSELL, J., GIL PECHARROMÁN, J. y
MONTERO, F. (eds.), Estudios sobre la derecha española contemporánea,
Madrid, UNED, 1993, pp. 445-466). Este era, desde la subida acordada el mismo
año por el Gobierno provisional, el salario mínimo para un maestro de nuevo
ingreso, que al ascender en el escalafón podía subir a más del doble.
[8] En circular de 22 de mayo de 1931, el Ministerio de Instrucción Pública
recordaba a los ayuntamientos su obligación de pagar la casa habitación de los
maestros cuando no pudieran ofrecerles una vivienda adecuada (BOPZ, 22/05/1931). Como resultado de sus expedientes
de depuración, ambos maestros fueron separados del servicio con baja en el
escalafón. El de Nicolás Quiroga se instruyó cuando ya había sido fusilado, y
el de Cesáreo Martín tras su encarcelamiento. Más suerte tuvo la maestra de
Villageriz, Dionisia Alfonso Fernández, que desvirtuó la acusación de
desatender las obligaciones del cargo al residir a 4 kilómetros del
pueblo, demostrando a la Comisión que “no puede vivir en el pueblo porque la
casa-habitación que se la da carece de condiciones adecuadas”.
[9] OTERO URTAZA,
E., Las Misiones Pedagógicas. Una experiencia de educación popular.
Sada, Ed. do Castro, 1982, pp. 156-157. Expediente de Fernando Paino García, que entre otros cargos tuvo que
responder de haber recibido de las Misiones Pedagógicas material para la
escuela de San Román de Sanabria, parte del cual fue “inutilizado por los elementos fascistas al producirse el Movimiento
Nacional”.
[10] Ejemplos en
expedientes: ensañamiento en Ramón Manteca Pérez y Bernardo Pérez Manteca;
corral en Plácida García Villar; quema en
Andrés Rodríguez Sevillano; rotura en
José Fuentes Clemente; desaparición en Victoriana Martínez Illera.
[11] La resistencia a la aplicación del decreto de 6 de junio de 1931 sobre
secularización de la enseñanza llevó al gobernador civil a emitir una circular
recordando a los maestros que su incumplimiento les supondría incurrir en una
responsabilidad grave, y que cualquier acción u omisión de las autoridades
locales para obstaculizar o entorpecer el cumplimiento de la norma se
sancionaría como “contemporización indebida con actitudes rebeldes” (BOPZ
29/01/1932).
[12] Corpus en expediente de Cesáreo Martín Gago y
necesaria ejemplaridad de la conducta religiosa particular en expediente de
María Bueno de Diego.
[13] MARTÍNEZ
PEREDA, Lucio. La depuración franquista del magisterio nacional en el norte
de Zamora, 1936-1943, Benavente, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del
Pozo”, 2008, p. 70. Este es el caso de Victoriana Martínez Illera (Cerecinos de
Campos), de quien la Comisión, tras visitar el pueblo, admitió que el cargo de ser
“adicta a la política de izquierdas”
se formuló “más que por su significación política, por su alejamiento de la
Iglesia” (caja 32/13085).
[14] Algunos
sancionados por cargos religiosos: por faltas leves, Avelino Sogo Viñuela
(Villardondiego), Alonso Porris Garrote (Ferreruela) o Daniel Prieto Jiménez
(Mózar); graves, Andrés Rodríguez Sevillano (San Miguel de la Ribera) o Agustín
Sevillano (Alcorcillo); muy graves, Sofía Debesa (Arrabalde) o Andrés Fernández
(Pobladura de Aliste).
[15] Durante la
Dictadura de Primo de Rivera, en la línea colaboracionista de docentes zamora nos de enseñanzas media y superior (Fausto
Martínez Castillejos, Eliseo González Negro, Dictino Álvarez Reyero o Alejandro
de Colomina), habían pertenecido a la Unión Patriótica ,
entre otros, los maestros Eduardo Crespo Fidalgo, Bienvenido Prieto de la Mata
y Casimiro Baz Herrero.
[16] Como ejemplo
de votante en blanco, Jesús Pedraz Segurado; ejemplos de votantes al partido
gobernante, en pliego de descargo de Encarnación Turrado Riesco -lo que sólo
sirvió para que la Comisión manifestara que “más que por su actuación
política merece castigo por carecer de convicciones morales”- y como cargo
contra Marcelino Crego Martín.
[17] Habrían
escrito a Galarza: Manuel Paíno García, María Calleja Misol, Manuel San Faustino Hernández y Elisardo González del Corral y Ángel Encinas Hernández; a Marcelino
Domingo, Domingo García Prada. En la relación de amigos políticos de Cid aportada por MATEOS
RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La República en
Zamora (1931-1936). Comportamiento electoral de una sociedad tradicional.
Zamora, IEZ Florián de Ocampo, 1995, vol. II, pp. 204-237, aparecen Valentín Álvarez (Ferreras de Abajo),
Antonio Hernández (Perilla de Castro), Ángel Encinas (Almeida), Juan Velasco
(Torrefrades), José Fuentes (Anta de Rioconejos), Matías Alfonso (Muga de
Alba), Isauro Silva (Belver) o Felipe Alonso (Villalpando). Los tres últimos estaban al mismo tiempo afiliados a
partidos de izquierdas, por lo que serían separados del servicio. Brígida
Ledesma admitía haber escrito tanto a Galarza como a José Mª Cid, “porque siendo ellos los Jefes de distinta
ideología de la provincia esperábamos habían de ser los que haciendo cumplir la
ley convirtieran con su influencia nuestros deseos en realidad”. El
artículo de Salgado, titulado “Estudiantina", en La Voz del Trabajo,
05/11/1933.
[18] Archivo
Histórico Provincial de Zamora –desde ahora AHPZ-, Gobierno Civil,
Asociaciones, 13/49. En esta carpeta se mezclan indiferenciadamente, sin
mencionarlo, documentación de la Asociación Provincial
del Magisterio Nacional y de la Asociación Provincial
Profesional del Magisterio, Plan 1931, bajo el epígrafe de la
segunda, lo que en nuestra opinión parece haber inducido a error a MARTÍNEZ
PEREDA, L., La depuración franquista del magisterio nacional..., pp.
60-61, que identifica como afiliados de la APPM Plan 1931 a los de la APMN.
[19] AHPZ,
Gobierno Civil, Asociaciones, núm. 1750. En 1935 Luis Díez Gutiérrez era a la
vez secretario de la APEZ y presidente de la APPM Plan 1931.
[20] AHPZ, Gobierno
Civil, Asociaciones, núm. 1708.
[21]
Formaban la Junta
Directiva en 1937 Florencio Herrero (presidente); Socorro
Hernández (vicepresidenta), Sofía Miguel Calvo (tesorera), Andrés Macho López
(secretario) y Manuel Martín Lorenzo (vocal)(Boletín del Obispado de Zamora
–desde ahora BOZ-, 05/04/1937). A las Jornadas celebradas en junio de
1937 en el Seminario, asistieron “más de setecientos Maestros”, con la
presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares (BOZ, 04/08/1937).
[22] Desiderio del
Espíritu Santo, maestro de Villavendimio, pronunció en 1910 un discurso en la
fiesta del 1 de mayo en Zamora (Correo de Zamora, 02/05/1910).
[23] El 30 de agosto de 1931 se convocó con esta intención a todos los
maestros nacionales y particulares, inspectores de primera enseñanza y
profesores de la Normal y del Instituto a una reunión en la Escuela Normal de
Zamora (Heraldo de Zamora, 26/08/1931).
[24] La Voz del
Trabajo, 02/04/1933, “Semana Pedagógica
organizada por la Asociación de Maestros del partido de Fuentesaúco”. Ibidem,
29/01/1933, “José Salgado: Carta abierta a los maestros de Sanabria”.
[25] Cita de José Salgado “Economía política y marxismo”
(La Mañana, 18/05/1933). Valentín
Ferrero, que organizó en Zamora la Asociación de Amigos de la Unión Soviética (La
Voz del Trabajo, 30/07/1933), muestra la influencia de la pedagogía
soviética en “La juventud se ha puesto en pie:
Carta abierta al camarada Salgado” (La
Mañana, 18/05/1933).
[26] AHPZ,
Gobierno Civil, Asociaciones, núm. 938 y 945.
[27] “Las clases
de la Universidad
Popular , clausuradas”, en Heraldo de Zamora,
15/11/1933.
[28] Un
enfrentamiento entre jóvenes falangistas y comunistas, en el bosque de Valorio,
dio lugar a que la prensa derechista respaldara la versión de los primeros y
señalara como responsables a Luis Díez Gutiérrez, Engracia del Río y Amado
Hernández, que serían víctimas de la represión en 1936 (Correo de Zamora,
14/05/1934). Otro tanto sucedería con Gabriel Fernández Llamero, señalado por
el Ideal Agrario (28/02/1934) como agresor de un falangista.
[29] AHPZ,
Gobierno Civil, Registro de Asociaciones, núm. 1953 (23/03/1936). En La Tarde de 03/02/1936, Manuel Fernández
lamentaba que Zamora fuese “la única
capital de España donde no existe”[la FETE], y enumeraba una relación de
maestros de la provincia que “ansían su
organización” y que serían diezmados por la represión pocos meses después.
[30] Matías Alonso Crespo justificaba su
pertenencia a la FETE por la búsqueda de una recomendación para su hermano en
los Cursillos de Ingreso al Magisterio y atribuía su afiliación a Antonio
Fernández Borrego. José Mª Sanmillán reconocía en su descargo haber asistido a las reuniones celebradas por la FETE para
debatir la unificación de las categorías del Grado Profesional y Cursillistas,
a la cual se opuso, y negaba haber solicitado la afiliación. También
afirmaban haber sido incluidos sin su conocimiento Alfredo Garrido Escobar y Miguel Azcaray Almeida.
[31] Por ejemplo,
Ángel Hernández Chicote, Ana María Prieto Monzón (Justel), Juan Llamas Ovelar y
Avelino Sogo Viñuela. Algún maestro vio comprometida su continuidad en la
profesión por el equívoco malintencionado de un informante sobre si el Heraldo
que leía era el de Zamora o el de Madrid.
[32] Oradores en La
Tarde, 24/12/1935. En los primeros años de la República, Pérez Manteca y Quiroga
Riesco habían pertenecido, respectivamente, al PRRS y a Acción Republicana.
[33] Constitución
y composición de las gestoras en La
Mañana, 15/01/1932 y 10/02/1933 y ss.
[34] Campaña
contra el maestro de Cubillos en El Ideal Agrario, 06/03/1933 y
07/03/1933 y Correo de Zamora 06/03/1933 y 08/03/1933, y defensa
en La Voz del Trabajo, 26/03/1933; campaña contra el maestro de
Villalube denunciada en La Mañana, 07/03/1933 y 11/04/1933. El segundo
sería encarcelado en 1936 y sancionado con separación del servicio. Por su
parte, los maestros Asunción García Carrascal y José Palacios Fernández, que en
1933 presidieron las gestoras de Fuentesecas y Casaseca de las Chanas, serían
destituidos como maestros por el Gobernador Civil en agosto de 1936.
[35] Clases
nocturnas en expedientes de Antonio García Rueda o Josué Fuentes, “guía y
asesor” en el de Celedonio Rubio. Significativamente, las autoridades de
Castroverde quisieron revivir el mito decimonónico de Mariana Pineda acusando a
la maestra de haber bordado la bandera de la agrupación socialista, acusación
que llegó al pliego de cargos y que la Comisión terminó desestimando;
“fundador” de la Casa del Pueblo en el de José María Sanmillán Ramos; “autor
por inducción” en el de Domingo Gaspar Macías; y fracaso por falta de simpatías
en el de de Segismundo Blanco Rodríguez (Castrillo de la Guareña).
[36] Resultados
electorales desglosados por localidades en MATEOS, M.Á., La República...,
vol. 2, pp. 67-88.
[37] El cargo 5º
de su expediente de depuración dice textualmente: “5º.- Que formó parte de la Comisión Gestora desde el 14 de marzo al 22 de
julio del año último, persiguiendo y destituyendo durante este tiempo, a varios
funcionarios y llevando la intranquilidad a ciertos vecinos de orden”.
[38] La relación
más exhaustiva publicada hasta ahora es la de RUIZ GONZÁLEZ ,
Cándido y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. “La represión en la provincia de
Zamora durante la Guerra
Civil y el Franquismo”, en BERZAL DE LA ROSA, E. (coord.), Testimonio
de voces olvidadas, León, Fundación 27 de Marzo, 2007, vol. 2, pp. 237-314.
[39] Aunque
la historiografía ha sustituido en las últimas dos décadas este mito por el
paradigma ahora dominante del conservadurismo de la mayoría de docentes, obras
recientes de divulgación como la
de IGLESIAS , Mª Antonia. Maestros de la República:
Los otros santos, los otros mártires. Madrid, La Esfera de los Libros,
2006, siguen repitiendo los tópicos tradicionales. Ejemplos del mito en
la memoria colectiva son: el recuerdo del asesinato de dos maestras –Engracia
del Río y Sebastiana Tobal- detenidas en la cárcel de Zamora, más vivo que el
de la mayoría de las víctimas femeninas de la represión (entrevista a Teresa
Cifuentes Veledo, Villalpando, 07/02/2004), la
historia de la maestra toresana asesinada en Puertollano, recogida por BARRIO,
M., “La historia del soldado y la maestra fusilada. Un anciano de Valencia
aporta datos sobre la toresana asesinada en Puertollano en 1938” , en La Opinión-El Correo
de Zamora, 06/03/2009, y la citada por Herminio Ramos Pérez (entrevista en
Zamora, 17/09/2004), según el cual Antonio Fernández Borrego (maestro de La
Tuda) habría sido fusilado en Bermillo de Sayago, el 1 de septiembre, en un
grupo de seis maestros (aunque es verosímil que seis maestros fueran fusilados
en esa localidad o en el resto de la comarca, no hay datos de que lo fuesen el
mismo día).
[40] BORQUE
RODRÍGUEZ, Leonardo , “Sangre en la
escuela: la represión violenta contra los maestros republicanos en Asturias”,
en Congreso Internacional La Guerra Civil Española ,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, afirma (p. 22): “Estos
asesinatos son probablemente los más significativos, puesto que en ellos
creemos que hay cierto carácter ritual. De una parte por el efecto disuasorio
que suponía eliminar a la persona que regentaba una función mayoritariamente
aceptada y respetada en el ámbito social rural. De otra, porque con la
desaparición de la figura profesional ‘predilecta’ del régimen anterior se
estaba simbolizando la destrucción del régimen mismo y de su obra”.
[41] La
distribución cronológica difiere sensiblemente de la del conjunto de víctimas
de la represión física en la
provincia. El total de víctimas de las que conocemos la fecha
de su muerte en esos meses son 8 en julio, 209 en agosto, 376 en septiembre,
196 en octubre, 147 en noviembre y 159 en diciembre.
[42] Serían
excepciones la capital provincial, en la que fueron ejecutados varios maestros
y normalistas, y casos puntuales como los de Belver de los Montes o Manganeses
de la Lampreana, cuyos maestros probablemente habrían sido ejecutados si no se
hubieran ausentado o escondido en los primeros meses del Alzamiento. La
victimización del maestro por su falta de vínculos locales es sugerida por M.A.
IGLESIAS, op. cit.; MARTÍNEZ PEREDA, L. , La depuración franquista del
magisterio nacional..., atribuye a la propia depuración profesional el
carácter de instrumento para que las autoridades locales “hiciesen méritos” a
costa del maestro.
[43] Así, Adolfo García Rueda fue “encontrado
muerto” tras haber sido entregado en la prisión provincial al falangista
José Avedillo Brioso, y José Alonso Zapata “apareció muerto a fines de
agosto último en un monte cercano al pueblo de Mombuey”, tras ser entregado
en la prisión de partido al falangista Manuel Girón, ambos con el pretexto de su traslado a otro centro
de detención. Nicolás Quiroga, según la alcaldía de Muelas de los Caballeros, “falleció
a consecuencia de sus extremismos políticos”, detallándose que “el
pasado mes de noviembre fue detenido por la Guardia Civil de
esta localidad y recluido en el calabozo de este Ayuntamiento, de donde fue
sacado en virtud de orden gubernativa y que, finalmente, apareció muerto en
término del Ayuntamiento de Espadañedo, en su anejo de Letrillas”.En algunos casos (Nemesio Zurrón, Amado
Hernández) la documentación atribuye a las víctimas intentos de fuga, y de
otros se dice que fallecieron “en choque con la fuerza pública”(Domingo
Gaspar).
[44] El expediente
procesal y la orden de entrega están reproducidas por MARTÍNEZ
PEREDA, L., La depuración franquista del magisterio nacional..., pp.
168-171. Su hermano Manuel Alonso Zapata, diputado del PSOE y secretario
general de FETE, fue también ejecutado en Ávila.
[45] Acerca de
esta familia, véase IGLESIAS, M. A., Maestros de la República..., pp. 129-169.
[46] MODROÑO
ALONSO, Agapito, Víctimas de la Guerra Civil en Villalpando, 1936-39,
Benavente, ed. Del autor, p. 161, supone que se trata de Teodosio Fernández
Sánchez, maestro natural de Villalpando destinado en Belver de los Montes, pero
no hay expediente de depuración a ninguno de los dos nombres, si bien existe
mención en la prensa de años anteriores a Andrés Fernández Ortega como maestro
de Belver, por lo que suponemos que en 1936 estaría destinado en otra
provincia.
[47] AHPZ, archivo
de la prisión de partido de Puebla de Sanabria.
[48] Así, la
sentencia que en 1937 condenó a Cristilo Prieto (Villalube) a 12 años por
inducción a la rebelión considera probado que “en la Escuela destacó su actibidad [sic] inculcando en la mente de los niños, ideas de un exagerado
materialismo, acorde con su ideario político-social, relevadoras [sic] de una gran relajación moral, destruyendo la
inocencia de aquellos” (AHPZ, Jurisdicciones Especiales, Responsabilidades
Políticas -desde ahora, JE, RP-, Toro, caja s.n.).
[50] AHPZ, JPLV,
expte. 6/12. [50] AHPZ,
JPLV, exptes. 5/28 y 6/69.
[51] AHPZ, JPLV,
expte. 5/28.
[52] AHPZ, JPLV,
exptes. 9/34 y 9/36.
[53] Este
sería el caso de hermanos José y Valentín Ferrero Miranda, su padre Valentín Ferrero
García, Ildefonso Jambrina Hernández y Benigno Lucas Garrote, entre otros.
[54] BOPZ,
01/12/1939, 12/01/1940, 29/01/1940, 16/02/1940, 23/02/1940, 04/03/1940,
15/03/1940 y 25/03/1940.
[55] AHPZ, JE, RP,
Comisión de Incautación de Bienes (desde ahora, CIB), 1/1 y 1/3 (1937-1939).
[56] AHPZ, JE, RP,
Juzgado de Instrucción de Alcañices, 04/03 (1937-1947). En 1939 se les impuso
sendas sanciones de 12.000 pesetas.
[57] Para los
siete últimos, AHPZ, JE, RP, Audiencia Provincial, cajas 1, 2, 3 y 4
respectivamente, BOPZ, 24/05/1937 y 17/02/1943 y AHPZ, JE, RP, Audiencia
Provincial, caja 9.
[58] BOPZ,
29/01/1940, 31/01/1940, 16/02/1940 y 04/03/1940.
[59] Así, por
ejemplo, MORENTE VALERO, F. La escuela y el Estado Nuevo..., se limita a
enumerar el nombre de los miembros de las comisiones cuya actuación analiza,
sin referirse apenas a sus antecedentes o a su procedencia.
[60] Marco general
en CRUZ, Rafael, En el nombre del pueblo: República, rebelión y guerra en la
España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 50-62. Un precedente en la
provincia de Zamora son las multitudinarias católicas contra las escuelas
laicas en 1910.
[61] Siguiendo el
llamamiento de Pío XI en la Dilectissima nobis (1933), el obispo Arce
Ochotorena, en carta pastoral de 30 de noviembre de 1933, pedía a los católicos
el boicot a la enseñanza pública, aun a costa de excluir a sus hijos del
sistema educativo (BOZ, 01/12/1933).
Ejemplos del discurso de esta movilización: “La lucha está entablada, y nadie puede desertar del puesto que le
corresponde”; “En Italia se fabrican
en las escuelas y Universidades, fascistas, lo mismo que en Rusia se moldean
comunistas, y en España se construirán judíos, que parece ser el tipo
predilecto del actual gobierno español” (Correo de Zamora, 22/06/1933 y 01/07/1933).
[62] MATEOS, M.A.:
La República en Zamora...., vol. I, pp. 217-225, estudia en detalle la organización
institucional del laicado diocesano zamora no.
Estatutos y relación de afiliados a Acción Popular, cuyo lema era “Religión,
Patria, Orden, Familia, Trabajo y Propiedad”, en AHPZ, Gobierno Civil,
Asociaciones, R. 1296.
[63] Martín Asúa
en el mitin celebrado en Zamora el 2 de julio de 1933 (El Correo de Zamora, 03/07/1933).
[64] “...esos
profesores laicos sostenidos con las contribuciones de los católicos(...), cuya
responsabilidad es preciso depurar” (Teresa Luazzatti, citada por Heraldo de Zamora, 21/06/1932).
[65] “Ya hay ejemplos en nuestra misma provincia:
desde el catedrático que se ufana en decir a sus discípulos que él no oye misa,
porque no cree y el que se agravia porque sus alumnas lleven a clase el
Crucifijo en el pecho, hasta el maestro que enseña el derecho de los hijos a
desobedecer a los padres, ridiculizando en plena escuela el sacramento del Matrimonio,
hay toda una gama de profesores atrevidos, que en el deseo de congraciarse con
la situación, no reparan en medios de manifestar convicciones extremistas”(Correo de Zamora, 22/06/1933).
[66] “Sobre la
campaña injusta contra los maestros”, en La
Mañana, 11/04/1933. El caso que adquirió mayor notoriedad fue la agresión
que el párroco de Olmillos de Valverde instigó contra la maestra Luisa Angelón ,
tras una larga campaña de descrédito desde el púlpito (La Voz del Trabajo 01/01/1933, y relato novelado por José Almoina
en La Mañana, 09/07/1933). El caso de
Abraveses de Tera, cuyo maestro, Andrés Vara, fue agredido por no descubrirse
ante una procesión, en La Voz del Trabajo, 17/09/1933 (Andrés Vara sería
destituido en 1936).
[67] La
falangista vallisoletana Rosario Pereda, en su mitin del 21 de abril de 1935 en
Zamora, denunciaba como ejemplo de “hambre moral” la retirada del
crucifijo de los centros educativos públicos. La Falange zamora na
valoraba así la actividad de las Misiones: “Y
allá iba la Barraca, envenenando con su literatura morbosa, las aldeas y los
pueblos de España, para desatarlos después en el odio y el fratricidio inhumano
y desgarrador que tan funestas consecuencias han traído para todos” (Imperio, 16/01/1937). La frase “Hay
que barrer al magisterio”, en “Educación Nacional” (Imperio, 31/10/1936).
[68] MATEOS, M.
Á., “La guerra civil”, en ALBA LÓPEZ, J. C. (coord.): Historia de Zamora. Zamora, IEZ Florián de Ocampo, 1995, vol. III, pp. 604-614 recoge una muestra de los informes recibidos por Agustín
Martín.
[69] Por ejemplo, el maestro de San Miguel de
la Ribera fue denunciado por la Falange local; los de Robleda, Valdespino,
Castellanos, Castrillo de la Guareña, y Anta de Rioconejos, por Emilio
García, párroco de Robleda, y la de Sagayos , por el párroco
de esta localidad; el San Ciprián de Hermisende, por un compañero de profesión,
el maestro de Gramedo; la maestra de Calzada de Tera, por un vecino.
[70] Algunos alcaldes de la provincia remitieron por error sus informes al
rectorado de Zaragoza, designado inicialmente como órgano superior en materia
educativa, y al de Valladolid.
[71] Expediente de
Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco)(caja 32/13088), que en aquel momento había
sido detenido y que sería asesinado seis días después. Resulta significativo el
contraste entre esta evidencia documental y la romántica imagen que transmite
IGLESIAS, M.A., Maestros de la República... de un pueblo de Fuentesaúco
al borde del motín en defensa de su maestro.
[72] Aparecen
referencias a resoluciones del Rectorado, fechadas entre octubre y noviembre de
1936, en los expedientes de depuración de Nicolás Quiroga (Muelas de los
Caballeros), Segismundo Blanco Rodríguez (Castrillo de la Guareña), Camila
Gutiérrez Pérez (Burganes de Valverde) y Ángel Rebollo Pachón (Quintana de Sanabria),
sancionados con la destitución, y en los de Ramón Ramos Martínez (Santa Colomba
de Sanabria), Luis Díez Gutiérrez (Zamora), Felicísimo Rodríguez Redoli
(Vezdemarbán) y Matilde Ledesma Martín (Almeida), con suspensiones de entre 3
meses y dos años.
[73] Para un resumen de esta purga, véase RUIZ GONZÁLEZ,
C., DE LA GRANJA
FERNÁNDEZ , P. y MARTÍN GONZÁLEZ, E., “Un largo período de
represión”, en A los 70 años de la guerra
civil española. Zamora, 21 y 22 de diciembre de 2006, Zamora, UNED, pp.
147-200 (en prensa).
[74] Lista en BOPZ extraordinario, Correo de Zamora y Heraldo de
Zamora de 27/08/1936. Están duplicados los nombres de Socorro González de
Tiedra y José María Sanmillán Ramos, pero MARTÍNEZ PEREDA, L.: “La depuración
franquista en el magisterio zamora no...”,
da por buena la cifra de 123 docentes, de los que tras descontar los 33
separados del servicio por la Orden de 30/12/1939, deduce la existencia de 90
que suma a los separados definitivamente en el proceso depurador de 1936-1940.
Lo cierto es que de los 121 destituidos en agosto de 1936, al menos 20
recibieron en el posterior proceso de depuración sanciones más leves que la
separación del servicio (suspensiones, inhabilitaciones temporales y traslados
de destino). En otros 26 casos, se trata de cursillistas de los que no consta
que fueran posteriormente objeto de expediente de depuración, por lo que cabe
la posibilidad de que la suspensión de los cursillos, combinada con su
destitución gubernativa, eximiera a la Comisión provincial de actuar al respecto:
Trinidad Carrascal Juárez, Pedro Castaño Gago, Luis Fernández Borrego, Gabriel
Fernández Llamero, Juan Fernández Martín, Florentino Fernández Mata, Ángel
Fontanillo Domínguez, Adolfo García Rueda, José Manuel Guarido Tamame, Amado
Hernández Pascual, Faustino de la Higuera Alonso , Faustino de la Iglesia Martín ,
Antonio y Modesto Marino Ramos, Gregorio Martín Delgado, Ángel Martín
Rodríguez, Antonio Mateos Fernández, Emiliano Matilla Domínguez, Miguel Méndez
Rivas, Isidro Montalvo Bartolomé, Daniel Morillo Morillo, Priscilo del Palacio
López, Daniel Pérez Bruña, Ricardo Reguilón Rodríguez, Constantino Reguilón
Pastor e Isaías Vila Iglesias.
[75] Archivo del
Instituto Claudio Moyano, Registro de entrada, 1912-1941. El 13 de agosto se
recibió la orden del Gobernador Civil (ratificada en septiembre por el capitán
general de la 7ª División ) para que Sanz Herrero cesara como director y el
claustro formulase una propuesta de nombramiento de su sustituto, que recayó en
el catedrático de latín Eugenio de Asís González (cuyo nombramiento se recibió
el 21 de septiembre). Los catedráticos Sanz Herrero y Mariano Quintanilla
Romero fueron separados definitivamente del servicio, con baja en el escalafón,
por la Junta Técnica
del Estado en 1937.
[76] Nacido en
1862, Gazapo conservó el cargo de director honorario hasta su muerte en 1940,
según VEGA GIL, L. “Educación y sociedad en Zamora (1778-1936)”, en ALBA LÓPEZ,
J. C. (coord.): Historia de Zamora.
Zamora, IEZ Florián de Ocampo, 1995, vol.
III, p. 286). Semblanza biográfica en RAMOS PÉREZ, H., “Pedro Gazapo
Cerezal. Humanista y estudioso de la lengua latina”, en La Opinión-El Correo
de Zamora, 09/04/2010.
[77] Fernando
Mediavilla era desde 1933 miembro de la Asociación de Propagandistas Católicos
de Zamora y militante de Acción Popular y desde 1935 secretario de la Federación Diocesana
de Padres de Familia Católicos (MATEOS, M.A., La República..., p. 219). En 1948 entró a formar parte del Consejo
Diocesano de Hombres de Acción Católica (BOZ, 05/05/1948).
[78] González
Miranda militaba desde 1933 en Acción Popular, en 1935 presidía la Junta de
Reforma Agraria, y sería nombrado diputado provincial en febrero de 1937
(referencias en MATEOS, M.Á., La República..., p. 219 y “La guerra civil”, p.
635 y BOZ, 04/08/1937).
[79] Álvarez
Reyero, nacido en León en 1889, impartía clases en la Normal de Zamora desde
1915, tras haber pasado por la
de Gerona. En 1929 presidió la Asociación de Padres de
Familia (Boletín del Obispado de Zamora, 30/12/1929). Fue secretario de
la Junta de Protección de Menores y pertenecía a la Asociación de Maestros
Católicos. Simultaneó sus funciones en la Comisión de Depuración con una
vocalía en la
Comisión Provincial de Primera Enseñanza (Imperio, 19
y 25/11/1937). Ver semblanzas en VEGA GIL, L.: “La formación de maestros en
Zamora en el contexto nacional. 150 años de inestabilidad”, en Pablo
Montesino y la modernización educativa en España, Zamora, IEZ Florián de
Ocampo, 1998, pp. 125-142 y en CEREZO MANRIQUE, J. F.: La formación de maestros en Castilla y León (1900-1936), Salamanca,
Diputación, 1991, p. 268. Nombramiento como director en BOPZ, 17/08/1936.
Suspensión como profesor de José Datas, anterior director, en BOPZ 28/08/1936.
[80] BOPZ,
25/01/1937, e informe del Presidente de la Comisión de 15/12/1937.
[81] Informe del
Presidente de la Comisión de 15/12/1937.
[82] El expediente
de Florencio Domínguez Manteca incluye
una denuncia contra varios maestros firmada por el Jefe Local y el Secretario
accidental de FE de las JONS de Abezames, Benjamín Gallego y Jacinto Hidalgo, que
la Comisión provincial desechó por “enemistad personal” y por
considerarla “apasionada”.
[83] MARTÍNEZ
PEREDA, L, La depuración franquista del magisterio nacional..., p. 92.
[84] Por ejemplo,
expedientes de Agustín Blanco García, donde la propuesta sancionadora se basa
en un único cargo informado sólo por el padre de familia, y sensu contrario,
Obdulio Garrote Iglesias, donde la propuesta de confirmación considera
desvirtuados los cargos informados sólo por el párroco de Castroverde de
Campos.
[85] Por ejemplo, Amador
Bartolomé Hernández, Brígida Ledesma Martín y José Fuentes Clemente.
[86] Se trata de
los expedientes de Agustín Caño Domínguez (Vivinera)(ver foto), Eduardo
Rodríguez Fuentes Almeida), Agapito E. Lefler Acosta (Zamora), Jesús Prieto
Peláez (Vega del Castillo), Feliciano Rodríguez Falagán (Asturianos), Andrés
Rodríguez Sevillano (San Miguel de la Ribera), Agustín Sevillano Andrés
(Alcorcillo), Segismundo Blanco Rodríguez (Castrillo de la Guareña), Casimiro
Baz Herrero (Toro), Camila Gutiérrez Pérez (Burganes de Valverde), Ramón Ramos
Martínez (Santa Colomba de Sanabria), Ángel Rebollo Pachón (Quintana de
Sanabria), Manuel Rodríguez López (Villardefallaves) y Francisco Sogo Viñuela
(Fermoselle).
[87] BOPZ,
24/12/1937, 29/12/1937, 07/02/1938 y 12/08/1938.
[88] BOPZ,
11/11/1938, 14/11/1938, 18/11/1938 y 19/12/1938.
[89] BOPZ,
15/11/1939, 20/11/1939, 06/12/1939 y 22/01/1940.
[90]
Destacan los casos de Bienvenido Prieto de la Mata (Quiruelas de Vidriales),
Victoriana Martínez Yllera (Cerecinos de Campos) y Domingo Carrascal de Pedro
(Grado Profesional) cuyas sanciones (traslado forzoso, inhabilitación por 2
años y suspensión por 6 meses con traslado, respectivamente) fueron revisadas
en súplica y anuladas entre 1939 y 1940.
[91] MORENTE, La
escuela y el Estado..., y “La depuración franquista del magisterio público:
un estado de la cuestión”, en Hispania,
LXI/2, núm. 208, 2001, p. 682. Datos de Burgos en CRESPO REDONDO, J. et al.: Purga de maestros en la guerra civil. La
depuración del Magisterio Nacional de la provincia de Burgos, Valladolid,
Ámbito, 1987.
[92] Sobre
esta controversia, véase FERNÁNDEZ SORIA, J.M. y AGULLÓ DÍAZ, M.C.: “Depuración
de maestras en el franquismo”, en Studia
Historica-Historia Contemporánea, 17 (1999), 247-270.
[93] VEGA GIL, L.,
1993: 167. MARTÍNEZ PEREDA, Lucio. “La depuración franquista en el magisterio zamora no. Un estudio cuantitativo”, en Anuario 2006 del Instituto de Estudios
Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2007, pp. 251-292, relaciona exhaustivamente
las localidades con maestros sancionados.
[94] El partido judicial de Zamora mostraba
uno de los porcentajes más altos de maestros destituidos gubernativamente en
1936, lo que es atribuible a su condición de centro del poder político
provincial y de la sede de la Escuela Normal-,
Alcañices , Toro y Villalpando. Sin embargo, una vez
formalizada la depuración a través de los expedientes, la distribución
geográfica de las sanciones se altera sustancialmente.
[95] Se trata de
Argusino, Moraleja de Sayago, Muga de Sayago, Roelos y Torrefrades.
[96] Se trata de
Mayalde, Peleas de Arriba y San Miguel de la Ribera.
[97] En el partido
de Alcañices, nos referimos a Mahide (30% de votos al FP), Moreruela de Tábara
(39,10%), Pozuelo de Tábara (33,10%), Rabanales (33,50%) y Tábara (31,50%); en
Sanabria-Carballeda, a Donado (43,40%), Espadañedo (30,80%), y Muelas de los
Caballeros (43,10%).
[98] En
Villalpando el Frente Popular ganó las elecciones de 1936 con el 52,60% de los
votos, mientras en Manganeses de la Lampreana obtuvo el 40,60%, en Quintanilla
del Olmo el 30,80% y en Vega de Villalobos el 30,70%.
[99] Las
excepciones fueron, en el primer caso, Toro (38,40%), Aspariegos (41,40%),
Belver de los Montes (33,80%), Sanzoles (43%) y Villalonso (32,80%), y en el
segundo, Zamora (42,20%), La Hiniesta (42,80%), El Perdigón (46,10%), Villalazán
(42,80%) y Villaralbo (35%).
[100] Se trata de
Arrabalde, Melgar de Tera, San Cristóbal de Entreviñas y Santa María de la
Vega.
[101] Este sería el
caso de Andrés Porto (Roales), interventor de Palacios Morini, y de quienes,
como Sofía Debesa (Arrabalde) trataron de exculparse con avales de Cid o Alba.
[102] “los que
rebasan la edad de treinta años casi en su totalidad han permanecido fieles a
sus sanos convencimientos y sólo los jóvenes, en un porcentaje tal vez un tanto
elevado, han claudicado en dichos principios: ¿por qué? Allá van dos razones
poderosas: Primera, que muchos de esos desgraciados han salido ya envenenados
de las Normales por las doctrinas racionalistas que profesores sin Dios y sin
Patria sembraron en sus conciencias. Segunda, que otros maestros cayeron en
zonas en donde imperaron inspectores sectarios que unas veces valiéndose de la
coacción y otras con halagüeñas y falsas promesas los excitaron a seguir
peligrosos derroteros hasta dar en la sima del deshonor y de la antipatria”
“Educación Nacional”, en Imperio,
31/10/1936.
[103] De los 175 maestros sancionados en la
provincia, conocemos la edad de 111, de los que 33 (un 29,72%) eran menores de
30 años, 45 (un 40,54%) tenían entre 30 y 45 años, 27 (un 24,32%) tenían de 46 a 60 años y, por último, 5
(un 4,50%) eran mayores de 60.
[104] De los 49 maestros que sufrieron la
separación del servicio o inhabilitación perpetua, conocemos la edad de 41,
cuyo promedio de edad, y de los que 11 (un 26,82%) eran menores de 30 años, 21
(un 51,21%) tenían entre 30 y 45, 7 (un 17,07%) tenían de 46 a 60 años y, por último,
dos (un 4,87%) eran mayores de 60.
[105] Valentín
Ferrero Miranda fue detenido en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) y
fusilado (AHPZ, JI, RP, Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades
Políticas, caja 4B.
[106] Inés
Hernández Tamame sufrió también la ejecución de un hijo (caja 32/13087).
[107] Este sería el
caso de Julián Cesteros, maestro de Manganeses de la Lampreana separado del
servicio, que durante años regentó una academia privada en la capital de la provincia.
[108] Por ejemplo,
Antonio García Rueda, separado del servicio, trabajaba en 1943 de contable en
Astorga (AHPZa, JE, RP, AP, Caja 2).
[109] Baltasara
Luelmo, separada del servicio, tenía en 1941, al salir de la cárcel con 51 años
de edad, cuatro personas a su cargo, sin contar con otro medio de vida que “los subsidios que le envían sus familiares
residentes en América” (AHPZ, JPLV,
expediente nº 5/28). Brígida Ledesma, separada también del servicio, no podía
pagarse el viaje a Zamora para comparecer ante la jurisdicción de
Responsabilidades Políticas (AHPZ, JE, RP, Juzgado de Instrucción de Alcañices,
04/03). En muchos casos, la suspensión de empleo y sueldo mermaría
sustancialmente los futuros haberes pasivos de los docentes. Próxima a cumplir
70 años, la edad de jubilación, en 1954, el 25 % de los haberes pasivos que
pudiera percibir Catalina de Tiedra dependía de que la estimación de su recurso
contra la resolución sancionadora impuesta en 1939 revocara o no la suspensión
de empleo y sueldo por dos años.
[110] BOPZ,
18/11/1936.
[111] Orden de 22
de agosto del General de la 7ª División Orgánica (Heraldo de Zamora, 28/08/1936). Por ejemplo, los maestros Miguel
Azcaray Almeida (Boya) y Pilar Santamaría (Granucillo de Vidriales) fueron
sustituidos, tras su destitución, por los respectivos párrocos.
Mi familia es de Roelos de Sayago y este verano, hablando con unos familiares mayores sobre el alcalde fusilado, Domingo de la Mano (Delamano), que presumo sería de IR, y que era también próximo a la familia, salió el tema del otro fusilado, José Herrero, que dijeron era maestro. Como no lo veo en ningún sitio, lo dejo aquí apuntado.
ResponderEliminarBuenos días, soy uno de los autores de esta entrada y administrador de este blog, te agradezco tu comentario y la información que en él nos aportas y que nos gustaría comentar contigo. Puedes escribirnos a foroporlamemoriazamora@gmail.com y si nos das una dirección o un teléfono nos pondremos en contacto contigo. Efectivamente Domingo de la Mano Moralejo fue alcalde de Roelos, y José Herrero Moralejo fue juez municipal y lo destituyeroin tras el golpe, en octubre de 1936, pero no hemos localizado los datos de sus muertes, ya que no fueron asesinados en Zamora ni en Bermillo, te agradeceríamos cualquier información por insignificante que te parezca.
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