Foro por la Memoria Zamora

REPRESIÓN FRANQUISTA EN VILLAMAYOR DE CAMPOS: 

ALGUNOS APUNTES

Villamayor de Campos eligió el 12 de abril de 1931 el que sería su último ayuntamiento del reinado de Alfonso XIII, y como en muchas otras localidades rurales, los nueve únicos candidatos presentados, de filiación monárquica, fueron proclamados concejales por el artículo 29 de la ley electoral vigente. Este hecho resulta paradójico, habida cuenta que Villamayor había elegido en las elecciones de noviembre de 1903 a un concejal socialista (que sería destituido por orden gubernativa en 1904), y que en el pueblo existía una Sociedad Obrera vinculada a la UGT, fundada en julio de 1903 y que protagonizó importantes huelgas en 1903 y 1920.  Sin embargo, a las alturas de 1931 el acceso de los jornaleros del campo al gobierno local seguía contemplándose como una posibilidad remota.

En 1933, el gobierno republicano-socialista decidió subsanar la anomalía de los ayuntamientos del artículo 29. En enero, estos consistorios fueron sustituidos por gestoras formadas por un patrono, un obrero y un industrial o, en su defecto, un funcionario. En el caso de Villamayor, el obrero Santiago Cañibano González presidió la gestora de la que también formaban parte el industrial Macario Gago Sanz y el propietario Arcadio Rodríguez Cepeda. Este último era un joven y prometedor abogado de 24 años, que en 1930 se había licenciado en derecho por la Universidad de Valladolid y militaba en Acción Popular (CEDA), el partido accidentalista de la derecha católica. Tres meses después, el 23 de abril de 1933 se celebraron las elecciones municipales que debían normalizar la democracia municipal. Las alternativas a Acción Popular, encabezada por el mencionado Arcadio Rodríguez Cepeda, eran los socialistas y el Partido Republicano Radical-Socialista, cuya agrupación local funcionaba desde el año anterior, presidida por Venancio Rodríguez Vázquez de Prada, con Mariano Rodríguez Cornejo como vicepresidente, Paulino García Aguado como secretario, Jerónimo Gómez Astorga como tesorero y los vocales Felipe Cepeda Cepeda, Paulino González Rodríguez y Martín Aguado Pérez. Las elecciones dieron un triunfo aplastante a la candidatura de Acción Popular, que se hizo con ocho de los nueve concejales (Lino Cañibano Rodríguez, Pedro Lozano Rojo…), por uno del socialista José Rabanillo, y con la alcaldía para Arcadio Rodríguez Cepeda, que la desempeñaría hasta que, al acceder en 1934 al cargo de juez municipal, fue sustituido por su correligionario Isidoro Lozano.

Tras la victoria electoral del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936, el ayuntamiento conservador de Villamayor, elegido en 1933, fue destituido y, en su lugar, el gobernador civil nombró una comisión gestora, que tomó posesión el 26 de marzo y que estaba presidida por Melecio Azcona Asensio y formada por las organizaciones republicanas con presencia en la localidad, incluyendo como vocales a los socialistas Zoilo Peláez Blanco, Antolín Manso García, Florencio del Campo Santa María y Macario Gago Sanz.

A esas alturas, Acción Popular ya se había desentendido de la vía parlamentaria y sus bases y dirigentes provinciales conspiraban abiertamente con los militares para impulsar un golpe de Estado. Cuando finalmente se desencadenó la intentona golpista, la gestora municipal del Frente Popular de Villamayor fue destituida y, el 23 de julio, se restableció el Ayuntamiento derechista con Isidoro Lozano en la alcaldía. En el ámbito provincial, los dirigentes de la derecha católica obtuvieron, en el primer reparto de poder efectuado por los militares, puestos clave: el presidente provincial de Acción Popular, capitán Agustín Martín, fue nombrado presidente de la Diputación, y el puesto de gobernador civil fue para alguien muy próximo al partido, el teniente coronel Raimundo Hernández Comes.

Las milicias de la J.A.P. (Juventud de Acción Popular) se movilizaron inmediatamente para colaborar en el esfuerzo militar en el frente y en el control de la retaguardia. En ese momento, muchos miembros del partido se habían integrado ya en la Falange, pero las milicias de Acción Popular seguirían funcionando con autonomía hasta su militarización y posterior integración, en abril de 1937, en el nuevo partido único, e incluso verían nutridas sus filas con la incorporación más o menos forzada de izquierdistas que trataban de evitar ser víctimas de la represión.

Dos semanas después del Alzamiento, las milicias de la J.A.P. ya habían sufrido numerosas bajas en el frente, y la llegada de sus restos a sus lugares de origen suscitaba en sus compañeros de retaguardia sentimientos de dolor, pero también de revancha. El 7 de agosto fue enterrado en el pueblo Luciano Díez García, natural de Villamayor y farmacéutico de Villafrechós, muerto en el frente de San Rafael. Su primo y correligionario A.R.C. escribió a su presidente provincial (y presidente de la Diputación) esta carta:

“Por haber estado muy ocupado, con las salidas a los pueblos y demás, (…), no he podido felicitarte por tu importante cargo (…). No sé si sabrás que hace tres días mataron a un primo mío en san Rafael, hoy le hemos hecho en Villamayor un entierro con desfile y demás honores y al ir me encuentro con que no han hecho siquiera una detención, por eso te envío la adjunta lista para que la entregues a los fascistas y se vayan (sic) a detener a los elementos que en ella se fijan. No dejes de hacerlo con todo interés y a la mayor brevedad”.

La carta insistía en la amenaza que podía representar que algunos obreros tuvieran armas en su poder y adjuntaba una lista con 32 vecinos del pueblo, a cada uno de los cuales asignaba una descripción o definición, del tipo de “sujeto peligroso” “de malos antecedentes”, “de malas ideas”, “uno de los peores elementos del pueblo”, y a tres de los cuales –entre ellos, los más jóvenes- señalaba como “los mejores para declarar por su temperamento”, es decir, aquellos de los que resultaría más fácil obtener, mediante torturas, confesiones sobre armas escondidas o planes revolucionarios.

Esta carta fue publicada en el año 2001 por Miguel Ángel Mateos, en las páginas 617 a 619 del volumen III de la Historia de Zamora editada por la Diputación Provincial, como ejemplo del fenómeno de la delación en la retaguardia zamorana, ocultando el nombre del protagonista tras las iniciales A.R.C. pero proporcionando pistas acerca de su identidad como “figura destacada de las juventudes de Acción Popular”, además de reproducir en las mismas páginas una foto de grupo cuyo pie sólo identificaba a Alfredo Alonso y a Arcadio Rodríguez Cepeda. La transcripción de la carta respetaba –es un decir- el anonimato del denunciante, pero reproducía los nombres de los denunciados y las acusaciones vertidas contra ellos. Sin embargo, siguiendo la tónica general de la obra, nada nos decía Mateos de las consecuencias de esta denuncia.

Los deseos de venganza expresados en la carta no tardaron en verse satisfechos, y los encargados del trabajo sucio se presentaron en Villamayor para cumplir los deseos expresados en la carta. Tomando como base la lista remitida por A.R.C., se procedió a la detención de un grupo de vecinos que fueron trasladados a la cárcel provincial de Zamora. A mediados de octubre, el gobernador civil comenzó a firmar las órdenes de ejecución extrajudicial (disfrazadas de traslado a la cárcel de Bermillo) contra ellos, y entre el 16 y el 18 de octubre fueron asesinados en el cementerio de Zamora Andrés Cañibano Roales, jornalero de 60 años, Benito Fernández Rojo, de 31 años, Zoilo Peláez Blanco, jornalero y concejal de la gestora, de 45 años, Francisco Rodríguez Cañibano, de 41, y Francisco Torices de Cruz, de 29 años, el día 18. Dos semanas más tarde, el 2 de noviembre, en circunstancias que ignoramos, se registró la defunción de José Rodríguez Cornejo. Además de los asesinados, fueron encarcelados varios de los incluidos en la lista: Melecio Azcona (presidente de la gestora), Fernando Álvarez Llamas (militante de las Juventudes Socialistas), Bernardo Rodríguez Cañibano (presidente del Centro Obrero), Teodoro González González (dueño del café señalado en la carta como lugar de reunión de “elementos extremos”), Quintín Rivero Pérez, etc.

Otros militantes o simpatizantes de organizaciones del Frente Popular se salvaron de la represión huyendo del pueblo (como Ventura Azcona de Caso) o uniéndose al ejército franquista (como Cándido Primo Rodríguez, que una vez en el frente, se unió a las fuerzas leales, por lo que cumplió pena de prisión al acabar la guerra).

En abril de 1937, la Comisión de Incautación de Bienes acordó la incoación de expedientes que terminaron afectando a treinta y cinco vecinos de Villamayor, lo que la convertía en la segunda localidad con más expedientados de la comarca, sólo por detrás de Villalpando. A diferencia de lo ocurrido en otras localidades, los expedientes no se dirigían contra todos los concejales socialistas ni contra los asesinados, de los que, por su condición de jornaleros, había pocos bienes que incautar, sino principalmente, contra los pequeños propietarios que constituían la base del republicanismo progresista, inicialmente representado por el PRRS y desde marzo de 1936, por la agrupación local de Izquierda Republicana. Las resoluciones se escalonaron en el tiempo, entre marzo de 1938 y enero de 1945 (ya por la jurisdicción de Responsabilidades Políticas).

Al término de la guerra, y habiendo alcanzado el grado de capitán de Caballería de complemento, Arcadio Rodríguez Cepeda, exalcalde y exjuez de Villamayor, se instaló en Zamora en 1940 y emparentó con una familia de rancia alcurnia de la ciudad. Accedió al cuerpo de letrados de la Organización Sindical y por sus méritos en este campo recibió las medallas al Mérito Sindical de primera y segunda clase. Ostentó diversos cargos públicos, de los que el más destacado fue el de concejal y primer teniente de alcalde del ayuntamiento de la capital, a partir de 1952, y colaboró en iniciativas como la Universidad Laboral o la residencia sanitaria de la Seguridad Social. Fue uno de los fundadores y primer regidor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Tercera Caída, creada por los excombatientes franquistas zamoranos, y llegó a presidir la Junta pro-Semana Santa. Escribió en prensa bajo el seudónimo de Filemón de la Carballeda. Falleció en 1981 en medio de un reconocimiento generalizado cuyas sombras pueden resumirse en estas palabras que el cronista Herminio Ramos incluyó, nueve años después, en su semblanza de Rodríguez Cepeda “vive y sufre todas las inclemencias históricas de la década del treinta” y se vio obligado a “un supremo esfuerzo de adaptación, no siempre fácil ni cómodo”.

Fuentes

GARCÍA DÍEZ, José A., El Malvavisco [Episodios de la Guerra Civil Española], Zamora, Araceli Saavedra, 2013.

MATEOS RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, “La guerra civil”, en Historia de Zamora, tomo III. La edad contemporánea, Zamora, I.E.Z. Florián de Ocampo, 2001, pp. 577-651.

RAMOS PÉREZ, Herminio, “Arcadio Rodríguez Cepeda”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 09/07/2010.

Testimonios manuscritos (inéditos) de Cándido Primo Rodríguez y Ramón López González.