Foro por la Memoria Zamora

 

DIEZ AÑOS DESPUÉS (2012-2022)

 

El pasado 12 de abril se cumplieron diez años de la presentación del Foro por la Memoria a la sociedad zamorana. La búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo estaba presente en el propio nombre de la asociación y en el manifiesto fundacional, pero nuestra mirada al pasado no era un ejercicio de nostalgia gratuita sino el reconocimiento de que habían existido otros proyectos de sociedad alternativa, otros futuros posibles que fueron malogrados por el fascismo y en los que podemos encontrar elementos útiles para la construcción de una alternativa al presente. En nuestro propósito siempre estuvo la reivindicación de aquellos que, con su esfuerzo y ejemplo, trabajaron por una sociedad más justa, moderna e igualitaria. El odio franquista privó a las generaciones siguientes de la sabiduría y el coraje de personas cuyos nombres enterró en cal viva, silencio y miedo.

La crisis de 2007 mostró el verdadero rostro del régimen del 78 y el colectivo constituyente del Foro estaba compuesto por personas que, en la mayoría de los casos, tenían tras de sí una trayectoria de militancia en movimientos sociales y de lucha por un futuro mejor, como es el caso de Patricio Alonso, fundador y secretario del Foro, del que en este boletín recogemos su última aportación a la causa memorialista, pocos días antes de su fallecimiento en diciembre de 2018. La pérdida inesperada de Patri fue un varapalo emocional no solo para el movimiento memorialista, sino para el activismo en general, tanto a nivel local como autonómico y estatal.

No era una tarea fácil buscar verdad, justicia y reparación en 2012 y sigue sin serlo diez años después. Algo tan básico como un censo aproximado de las víctimas del franquismo en nuestra provincia sigue lejos de completarse, y aunque el trabajo en archivos y con fuentes orales haya permitido localizar o identificar a más de 1.500 víctimas mortales y a varios miles de personas que fueron encarceladas, despojadas de sus bienes o de su puesto de trabajo, es mucho lo que nos separa de conocer toda la verdad de lo ocurrido tras el golpe de estado de 1936. El fruto de este trabajo lo hemos puesto al servicio de la sociedad, y fundamentalmente de las familias de las víctimas, a través de nuestras redes sociales y de un correo electrónico (foroporlamemoriazamora@gmail.com) que no ha dejado de atender consultas particulares en todo este tiempo. Todo ello –y queremos recalcarlo- con nuestros propios recursos, sin recurrir a subvenciones y sin nada en común con los presuntos chiringuitos a los que siempre aluden quienes buscan consolidar el modelo español de impunidad perpetuando el olvido de las víctimas del franquismo o relegándolas a una categoría inferior a la de otras víctimas más dignas para ellos.

Cuando el Foro inició su andadura pública, la ley de memoria aprobada por el gobierno de Zapatero llevaba cuatro años en vigor, pero sus muchas carencias se ponían de manifiesto por el flagrante incumplimiento de la mayoría de administraciones y por la debilidad del entramado asociativo en cuyas manos se dejaba gran parte de las tareas necesarias para su aplicación. Lamentablemente, son muchas las administraciones públicas de nuestra provincia que han puesto trabas a la aplicación de una ley cuyas normas, aunque insuficientes, correspondían al más elemental espíritu democrático cuando no a sentimientos humanitarios básicos: empezando por la Diputación Provincial, que ha tenido paralizado más de tres años el expediente de reparación a sus empleados y cargos públicos destituidos o asesinados, pese a haberlo aprobado en febrero de 2018; y siguiendo por un gran número de ayuntamientos que continúan honrando en su callejero a golpistas y responsables de crímenes contra la humanidad, incumpliendo la ley y desoyendo –e incluso ridiculizando- los llamamientos en ese sentido. Aunque el resultado sea gratificante, es triste recordar las energías que ha habido que invertir para conseguir la revocación de sanciones injustas como las impuestas por tantos ayuntamientos a sus miembros y empleados, o por corporaciones como el Colegio de Abogados a algunos de sus miembros. No sería justo dejar de recordar el trabajo que, en nuestra misma línea, han venido realizando otras asociaciones como el Círculo Republicano Zamorano, la Asociación Benito Pellitero o la ARMH, o políticos como el senador Carles Mulet, así como numerosos colectivos cívicos o de familiares, muchas veces sin personalidad jurídica propia, como los que han propiciado la construcción de los memoriales que, en distintos lugares de nuestra provincia, honran a las víctimas del fascismo.

La experiencia acumulada en estos años y la difícil coyuntura que se avecina nos obliga a reivindicar más que nunca que la nueva ley de memoria democrática termine con el modelo español de impunidad, sea vinculante para todas las administraciones (incluida la de justicia y otros poderes del estado), y que no solamente contemple la anulación explícita y con todos los efectos legales de las condenas y sanciones impuestas por razones políticas por el régimen franquista sino que también elimine los obstáculos que esgrimen las administraciones reacias a colaborar, apelando a la ley de amnistía o haciendo una interpretación torticera de la protección de datos personales y del honor y la intimidad, para dificultar a todos los niveles la investigación de los crímenes de la dictadura.

En estas últimas semanas nos están preguntando desde muchos sectores por las repercusiones que va a tener para el memorialismo castellano y leonés la ominosa entrada en el gobierno autonómico de la fuerza política más reaccionaria y nostálgica del franquismo que ha habido en el espectro parlamentario español en los últimos 40 años. Pues bien: aparte de la profunda tristeza que ha invadido los corazones demócratas de nuestra tierra, y una seria preocupación por el futuro, podemos decir que la irrupción en las instituciones de este neofranquismo iletrado y gañán apenas va a tener consecuencias prácticas en nuestro día a día. Desde un punto de vista ético, nos estamos viendo obligados a defender el inane Decreto de Memoria Histórica de 2018, que apenas ha tenido efectos la actividad de los colectivos memorialistas. Es la legislación estatal la que ha venido para darnos amparo, y desde Valladolid parece, más bien, que el caballo de batalla sea la corrupción semántica de palabras hermosas como “concordia”, “memoria”, “mujer”, “familia” o “igualdad”.

Aun así, nos mantenemos alerta, no bajamos la guardia y, por primera vez en la historia del colectivo memorialista castellano y leonés, se atisba un movimiento de fondo hacia la unidad de fuerza y acción común que no puede traer sino cosas buenas. En estos tiempos sombríos, la mano de compañeros y compañeras que comparten nuestra búsqueda de verdad, justicia y reparación, será imprescindible como apoyo en el presente y como esperanza para el futuro.

(fotografía del acto de presentación del Foro por la Memoria de Zamora el 12 de abril de 2012, por Emilio Fraile)

Este artículo es el editorial del boletín Memoria Antifranquista nº 4, publicado el 14 de abril de 2022