Foro por la Memoria Zamora

CONOZCAMOS A NUESTROS REPRESORES, 2
PEDRO GAZAPO CEREZAL (1862-1940)

1. Introducción.

En esta segunda entrega de la serie “Conozcamos a nuestros represores” hemos querido centrarnos en una figura aparentemente muy distinta a la primera. Distinta sólo en apariencia, porque Pedro Gazapo representa, en proporción aun mayor que la de Raimundo Hernández Comes, el paradigma de la banalidad del mal. Frente al rencoroso militar africanista que ordena cientos de asesinatos por “obediencia debida”, este venerable anciano, consagrado al estudio y la enseñanza de una lengua muerta, personifica esa aparente falta de ideología que es en sí misma una ideología, en cuanto se asocia, como en el presente caso, con un conservadurismo católico ávido de intervenir en la sociedad para rectificar –a costa de lo que sea necesario- el proceso imparable de secularización, y con una vocación burocrática –tan fuerte, en su caso, como la científica- que se encubría bajo la retórica del servicio público y que, en cuanto levantó el vuelo por encima de la prosaica gestión cotidiana de las instituciones docentes o municipales, se convirtió en el ejercicio de un poder dotado de la capacidad de administrar el dolor ajeno y de la voluntad de hacerlo con fruición.

Lo menos malo que se puede decir de nuestro personaje –y aquí volvemos a comprobar la banalidad del mal- es que la ideología profundamente reaccionaria de la mayor parte de sus compañeros de claustro hace que la figura de Pedro Gazapo resulte contingente en cuanto a los efectos de su intervención represiva: las autoridades golpistas tenían a su disposición muchos catedráticos dispuestos a colaborar en la depuración, y si, por ejemplo, hubieran optado por el director titular del Instituto y no por el honorario para presidir la Comisión de Depuración, o si el director titular hubiera sido otro, el resultado del procedimiento depurador no habría sido muy distinto, de manera que quienes ahora –en 2017, en el mejor de los casos- criticarán nuestra incultura y desfachatez no nos reprocharían menospreciar la aportación del presidente de la Comisión de Depuración como latinista sino como matemático, geólogo, químico o geógrafo, pongamos por caso.

2. Datos biográficos y carrera docente.

Pedro Gazapo Cerezal nació en Zamora el 2 de diciembre de 1862. Su padre era el célebre herrero, cerrajero e inventor Ignacio Gazapo Sardá (Carbajales de Alba, 1833- Zamora, 1906), cuyos logros técnicos lo hicieron digno de la cruz de Isabel la Católica y de dar nombre a una calle de la ciudad y cuya ideología tradicionalista influyó, convenientemente actualizada, en su hijo Pedro.

Tras estudiar dos años de humanidades en el Seminario y el bachillerato en el Instituto de Zamora, Pedro cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, en la que se doctoró en 1883. Inicialmente impartió clases en el colegio de San José de su ciudad natal, hasta que en 1889 participó con éxito en las oposiciones a cátedras celebradas en Madrid, y el 10 de julio de 1890 tomó posesión de una cátedra de Latín y Castellano. Ocupó su primer destino como catedrático en Orense, pero no tardó en obtener plaza en el Instituto de León, en el que permaneció quince años, de los que en los seis últimos desempeñó la secretaría del centro. Se casó con María Alonso Domínguez, con la que tuvo dos hijas, María y Felisa.

En 1898 participó en el concurso para la formación de las asignaturas de Lengua Castellana y Latín, para las que antes y después de esta fecha publicó obras de referencia, como una Gramática de la lengua latina (León, Herederos de Ángel González, y Zamora, tipografía de San José, 1904 y 1906), una Colección de trozos escogidos y modelos tomados de las diferentes épocas de la literatura latina: ordenados, gradualmente dispuestos y anotados convenientemente, para los ejercicios de lectura, análisis y traducción (León, Herederos de Ángel González, 1893-1894) y el Ensayo de un vocabulario ideológico de la lengua latina para facilitar la adquisición del caudal de este idioma, y ayudar a los principiantes en los ejercicios de composición (León, Herederos de Ángel González, 1894).

En 1906 permutó su plaza con Antonio Montilla Ramón, lo que le permitió regresar a su ciudad natal, en cuyo Instituto General y Técnico permanecería el resto de su carrera docente. También aquí mostró su vocación por el gobierno de las instituciones académicas, y en noviembre de 1907 fue incluido en la terna para el puesto de director del Instituto, junto a Julián Hernández y Manuel Carvajal. Nombrado por Real Orden, el 16 de diciembre de 1907 tomó posesión de cargo.

En 1910 fue nombrado comisario de la Escuela Normal de Maestros de Zamora y vocal de la Junta Provincial del Censo Electoral, de la que en 1918 ocuparía la vicepresidencia.

Aunque su padre había estado vinculado a la corriente carlista –de considerable fuerza en esta provincia hasta las primeras décadas del siglo XX, al amparo de las instituciones eclesiásticas y de El Correo de Zamora, y con ediles en el ayuntamiento de Zamora-, Pedro Gazapo entró en la política activa de la mano del Partido Liberal, si bien como independiente. La oportunidad se le proporcionó en las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1911, y en ellas obtuvo 357 votos, con lo que fue elegido concejal por el distrito 3º (Instituto), en una corporación en la que ocupó la segunda tenencia de alcaldía y fue vocal en las comisiones de Sanidad e higiene, Instrucción y estadística y Gobierno interior. Aunque su elección fue impugnada, en 1912 la Comisión Provincial ratificó su elegibilidad, y en 1917, tras la dimisión de Miguel Moyano, llegó a ocupar la alcaldía durante varios meses. Cesó como concejal en 1919.

Durante la década siguiente permaneció alejado de la política activa, limitando su actuación pública al desempeño de puestos como la secretaría de la Cooperativa de funcionarios de Zamora o la colaboración con la Junta de Iniciativas. Sí participaron en política otros miembros de la comunidad educativa, tanto del Instituto como de la escuela Normal, que compartiendo con Pedro Gazapo una orientación ideológica igualmente conservadora y católica, se involucraron en las estructuras institucionales y organizativas impulsadas por la dictadura de Perimo de Rivera. Es el caso de Hermenegildo Carbajal, Elíseo González Negro, Augusto González Toral, Zacarías Macho, Alejandro de Colomina o Rafael Asensio, y dejamos para el final a dos figuras de este período que compartieron con nuestro protagonista la profesión, la ideología y, tras el golpe de estado de 1936, asumirían como él responsabilidades en la depuración del personal docente: Dictino Álvarez Reyero y Fausto Martínez Castillejos (este último desempeñaría sus funciones represivas fuera de Zamora). El caso contrario lo representan los catedráticos Mariano Quintanilla, José Datas y Antonio Martín Robles, que se opusieron a la dictadura primorriverista participando en la creación de la Agrupación Republicana, en 1930.

Tras la proclamación de la República, el gobierno provisional confirmó a Pedro Gazapo como director del Instituto, a Alejandro de Colomina como subdirector y a Miguel Moyano como secretario. Al primero de ellos le faltaba poco tiempo para cumplir setenta años, la edad de jubilación, por lo que solicitó el cese como director, que le fue concedido en julio de 1932. Con motivo de su cese, el Heraldo de Zamora le dedicó estas palabras:

“Toda su vida acrisolada está llena de actos generosos mereciendo el cariño de todos sus discípulos, (…) que veían en él no sólo el mediador cariñoso sino el profesor venerable y altruista que con sus sabios consejos dirigió siempre por la buena senda a todos los estudiantes”.

El 1 de diciembre de 1932 pronunció su última lección en el paraninfo del Instituto, en presencia de los claustros del Instituto y de la Normal, de “nutridos grupos de maestros y maestras, representaciones de todas las fuerzas vivas de la capital y numeroso público, aparte de los alumnos y alumnas de ambos Centros docentes”. Su tema fue “Relaciones de dependencia o régimen. Modo de expresarse esta relación en latín. Valor y uso de los casos nominativo y vocativo”, y en su despedida se justificó por invocar a Dios “en estos tiempos de laicismo”. En el banquete que se le ofreció en el café París, tres semanas más tarde, celebró la reunión de representantes de distintas ideologías políticas, a los que pidió “evitar la destrucción de nuestra querida Patria”. Ricardo Ballesteros, en nombre de sus alumnos, le dedicó este soneto, en el que daba prematuramente por finalizado el servicio de Gazapo a su particular concepción de España:

“Su existencia, la senda al correr,
Alcanzó, al fin, gloriosa senectud
Y en él, norma de austera rectitud,
Fue siempre el cumplimiento del deber.

De su labor docente supo hacer
En su cristiana vida una virtud.
Y de lleno se dio a la juventud
Para a su amada España engrandecer.

Quiso ver realizado su ideal
De cristiano, patriota y profesor
Llegando en su misión hasta el final.

Disteis ciencia y cariño: ¡Halláis amor!
¡¡Ved, Don Pedro Gazapo Cerezal
Cómo el cielo premió vuestra labor!!

Al jubilarse, con una pensión de 12.000 pesetas anuales, fue honrado con el cargo de director honorario del Instituto. Este cargo honorífico llegaría a adquirir relevancia en 1936, al justificar la presencia de un catedrático emérito al frente de un órgano represivo.

3. Actuación represora.

El golpe de estado de julio de 1936 no debió sorprender excesivamente a Pedro Gazapo, pues entre los miembros de la trama militar en el Regimiento Toledo se encontraba su yerno, el capitán Antonio Álvarez López Baños (que tras la guerra alcanzaría el grado de teniente coronel). De manera simultánea a la purga intensiva del personal de enseñanza primaria, fueron cesados varios catedráticos y, entre ellos, los directores de las dos principales instituciones educativas zamoranas: en el Instituto fueron cesados su director, Pedro Sanz Herrero (que había adquirido el puesto en propiedad en abril del mismo año), y el catedrático de filosofía Mariano Quintanilla, y expedientado el portero José Ferrero Delgado; en la Escuela Normal se cesó al director José Datas y a la catedrática de geografía Gloria Giner de los Ríos García. Los ceses hicieron que los servicios del emérito director honorífico fuesen requeridos para impartir clases, si bien a comienzos de enero de 1937 manifestó que su estado de salud le impedía seguir desempeñando tareas docentes.

La fase de la represión en la que participa Pedro Gazapo viene precedida en el tiempo por otros dos hechos de relevancia inexcusable. El primero es una ofensiva de violencia física de los partidarios locales del golpe contra los docentes de enseñanza primaria identificados con el régimen republicano o con las organizaciones del Frente Popular. El segundo es la purga profesional, relativamente improvisada, que las autoridades golpistas desarrollaron durante los meses de agosto a octubre de 1936 empleando medidas como la destitución gubernativa  o los mecanismos disciplinarios preexistentes cuya cúspide se encontraba en el rectorado de la Universidad de Salamanca, a la sazón desempeñado por Miguel de Unamuno.

Los maestros constituyen uno de los primeros objetivos de la represión física, siguiendo lo que podríamos considerar un lema falangista, la frase aparecida en el diario Imperio: “hay que barrer el magisterio”. El maestro Ildefonso Jambrina, tiene el triste honor de haber sido la víctima del primer “paseo” del que tenemos constancia documental en la provincia de Zamora, al haber sido acribillado a tiros en su casa de Villalazán el 25 de julio. Le siguen Valentín Ferrero García, director pedagógico del Hospicio de Zamora, el 4 de agosto; Domingo Gaspar Macías (Fariza), el 10 de agosto; Amado Hernández Pascual, el 12 de agosto; Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco), el 18 de agosto; Josué Fuentes García (Peleas de Arriba), Arquímedes Pérez Sánchez (destinado en Asturias), y Benigno Lucas García (Piñuel), el 20 de agosto; Félix Garrote Arroyo (Muga de Sayago), el 26 de agosto; Isidoro Ramos Pérez (Ufones), el 28 de agosto; José Alonso Zapata (Puebla de Sanabria), a finales de agosto; José Ferrero Miranda (normalista), el 4 de septiembre; José y Juan Fernández Domínguez (normalistas), el  6 de septiembre; Jerónimo García Vara (Carbajales de la Encomienda) , el 8 de septiembre; Arístides Pérez Sánchez (destinado en Asturias), el 13 de septiembre; Manuel Martín Fernández (San Vicente de la Cabeza), el 21 de septiembre; Antonio Fernández Borrego (La Tuda), Manuel Vicente Carbajal (normalista), Engracia del Río de la Vega (Fermoselle), el 27 de septiembre; Julián Sanz Calvo (Campazas), el 26 de octubre; Ángel Martín Rodríguez (Moraleja del Vino), el 27 de octubre; Ángel Zurrón García (Sitrama de Tera), el 4 de noviembre; Andrés Fernández González (Pobladura de Aliste), el 6 de noviembre; José Fernández Ortega (Castroverde), y Carmelo García Rueda (normalista), el 11 de noviembre; Adolfo García Rueda (normalista), el 13 de noviembre; Nicolás Quiroga Riesco (Muelas de los Caballeros), en noviembre; Esteban Rodríguez Domínguez (Alaejos), en fecha desconocida.

La nueva situación política de Zamora, dominada por un complejo militar-clerical cuyas cabezas visibles eran un gobernador civil procedente de los cuadros de la dictadura de Primo de Rivera –el teniente coronel Raimundo Hernández Comes- y un presidente de la Diputación afiliado a Acción Popular –el presidente provincial del partido, capitán Agustín Martín Rodríguez- propició que se escogiera, para dirigir el Instituto y la Escuela Normal, a dos veteranos catedráticos vinculados al catolicismo más conservador: Eugenio de Asís González para el Instituto y Dictino Álvarez Reyero para la Normal.

El Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado acordaba la creación en cada provincia de comisiones de depuración del personal docente. Las Comisiones de magisterio, denominadas en la disposición como Comisiones D -por la letra del apartado del decreto-, debían componerse de un Presidente (director del Instituto de Segunda Enseñanza) un Inspector de Primera Enseñanza que actuaría como secretario, el Presidente de la Asociación de Padres de Familia y dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica. El nombramiento, irrenunciable, sería firmado por el Presidente de la Junta Técnica del Estado. Aunque de acuerdo con esta orden, la presidencia de la comisión de Zamora debería haber correspondido al nuevo director del Instituto, se optó por Pedro Gazapo, en su condición de director honorario. La Comisión de Depuración de Magisterio de la provincia de Zamora estaba integrada además por: la inspectora de primera enseñanza María Esperanza Rubio González (destinada en Zamora desde finales de 1934); el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Fernando Mediavilla; y, como personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica, José González Miranda, vocal de la Junta Diocesana de Acción Católica, y el catedrático de la Escuela Normal Dictino Álvarez Reyero (antiguo presidente de la Asociación de Padres de Familia). Como en otros colectivos sometidos a depuración, se implicaba en el proceso a los propios miembros de la comunidad educativa (profesorado, inspección, personal administrativo). Los sectores católicos, con amplia experiencia de beligerancia contra la política educativa de la República, tendrían un peso decisorio en la Comisión con la presencia en ella de miembros destacados de sus organizaciones: tanto González Miranda como Álvarez Reyero y Mediavilla (éstos dos, a su vez, miembros de la Asociación de Propagandistas Católicos) eran militantes de Acción Popular. Por falta de espacio en el Instituto o por otras razones, las reuniones de la Comisión se celebraron en dependencias de la Diputación Provincial.

El procedimiento depurador consistía en el requerimiento de informes a los ayuntamientos, párrocos, comandantes de puesto de la Guardia Civil y a padres de familia de irreprochables conducta moral y religiosa y adhesión al nuevo régimen, sobre un cuestionario referido a la conducta profesional, política, religiosa y moral de los docentes. A partir de estos informes, la Comisión Provincial elaboraría un pliego de cargos, al que debería responder el docente expedientado, y seguidamente emitiría una propuesta de resolución que se remitiría a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado (con sede en Burgos), la cual a su vez requería informe jurídico de una Comisión Dictaminadora con sede en Vitoria. Las resoluciones definitivas se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia entre finales de 1937 y comienzos de 1940. La Comisión instruyó 951 expedientes a maestros y maestras, cursillistas y normalistas, y formuló 942 propuestas de resolución: 62 de separación definitiva del servicio, 29 de suspensión de empleo y sueldo por dos años, 97 de suspensión de empleo y sueldo por períodos inferiores a dos años, 3 de traslado,3 de jubilación, 4 de disciplina, 3 de propuesta especial y 741 de confirmación en el cargo. Al menos, en 45 casos la propuesta de separación definitiva del servicio con baja en el escalafón fue adoptada en la resolución definitiva de la Junta Técnica del Estado. Es conveniente señalar, como muestra del rigor punitivo de la Comisión Provincial, que varias de las propuestas de expulsión de la vida profesional se referían a docentes que habían sido asesinados en 1936: estos serían, por ejemplo, los casos de José Alonso Zapata, Antonio Fernández Borrego, Valentín Ferrero García, Josué Fuentes García, Jerónimo García Vara, Félix Garrote Arroyo, Ildefonso Jambrina Hernández, Benigno Lucas Garrote, Bernardo Pérez Manteca, Nicolás Quiroga Riesco, Isidoro Ramos Pérez o Engracia del Río de la Vega. Igualmente se formularon propuestas de inhabilitación perpetua para la enseñanza para normalistas y cursillistas que habían sido asesinados antes de llegar a ejercer como maestros, como en los casos de Manuel Vicente Carbajal, José Ferrero Miranda o Juan Fernández Domínguez. Yendo más allá de las sanciones que hicieron pública la voluntad de descrédito profesional sobre personas ya asesinadas o encarceladas, podríamos citar numerosos ejemplos individuales del calvario que para muchos expedientados representó el proceso de depuración, de la crueldad e ignominia desarrolladas al amparo de la actividad depuradora. Por otra parte, estas sanciones se aplicaron también a docentes que habían sido condenados a penas de prisión y que habían sido sancionados por la jurisdicción de Responsabilidades Políticas (no es infrecuente que en ambos casos, los cargos tenidos en cuenta en la sentencia coincidieran con los del procedimiento depurador).

El 15 de diciembre de 1937, Pedro Gazapo remitía al presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado los últimos expedientes tramitados por la Comisión Provincial. Gazapo señalaba que “todas las diferentes propuestas (…) adoptadas por esta Comisión fueron acordadas por unanimidad”, aunque las dudas de procedimiento habían requerido el desplazamiento a Burgos de varios miembros de la Comisión (incluido el propio Gazapo) y que en “aproximadamente unos noventa” casos, se habían desplazado a los pueblos de los docentes expedientados para “encontrar la verdad allí donde realmente se hallare”, de tal modo que “si con los procedimientos y gestiones que quedan reseñados no hemos conseguido el acierto, habrá de atribuirse a escasez de nuestras luces y no a la falta de buena voluntad”. La impostada mansedumbre del burócrata contrasta con las evidencias que nos ofrece el estudio pormenorizado de los expedientes individuales, del calvario que para muchos docentes representó el proceso depurador, de los innumerables ejemplos de crueldad e ignominia que dieron las autoridades civiles y eclesiásticas y los vecinos de “solvencia moral” y de la criminal complicidad que con ellos tuvieron los garantes del procedimiento, al amparo de la misión que les había sido encomendada.

Hacía pocos meses que se habían publicado las últimas resoluciones cuando Pedro Gazapo, que ya había enviudado, falleció el 24 de septiembre de 1940, a los 77 años de edad, dejando dos hijas (María y Felisa) y dos nietos.